Editorial: De armas tomar

En medio de robos, extorsiones y sicariato, los peruanos se sienten cada vez más desprotegidos por un Estado que no ha podido presentar una estrategia integral contra el crimen. Por ello, más peruanos optan, legítimamente, por adquirir un arma de uso civil para poder ejercer su derecho a la defensa. Así lo demuestra un reciente estudio de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec), según el cual, en lo que va del año, se han emitido más de 32 mil licencias para portar armas, mientras que en todo el 2013 se emitieron 24 mil. 

El estudio también revela que casi un tercio de las 1.867 armas de uso civil que la policía incautó a delincuentes en el 2013 tenía procedencia legal. Es decir, se encontraban debidamente inscritas en la Sucamec. Esto se explicaría, en parte, por el hecho que el procedimiento para la obtención y renovación de licencias es engorroso, contiene restricciones absurdas y no se cuenta con registros integrados y actualizados. Como consecuencia, muchas de las armas legales terminan migrando al mercado informal. 

La buena noticia es que, al menos, se estaría tratando de solucionar el primer problema. Dos proyectos de ley que se espera sean discutidos próximamente en el Congreso –uno presentado por el congresista Eguren y otro por la propia Sucamec- buscan optimizar el procedimiento para la obtención de armas legales. De lo que se trata no es hacer imposible que quienes quieran adquirir un arma puedan hacerlo, sino de evitar que los delincuentes se hagan de un arma por vías alternativas.

Uno de los cambios que buscan los proyectos es ampliar el plazo de vigencia de licencia para portar armas que hoy es de un año (la Sucamec propone tres años, Eguren cinco). Esta propuesta aliviaría los engorrosos trámites que se deben realizar anualmente y que un gran número de propietarios no los hacen. Otra de las medidas es acabar con la restricción que, sin ningún sustento técnico, prohíbe la utilización de ciertos tipos de armas de uso civil, como por ejemplo las pistolas de 9 milímetros. Esta propuesta evitaría que las personas que requieran este tipo de armas recurran al mercado negro. 

Otro tema clave de ambas iniciativas es que pretenden solucionar una importante fuente de descontrol: hoy en día, los policías y militares registran sus armas de uso personal en sus respectivas instituciones y nunca vuelven a renovar sus licencias. Con estas reformas, se busca unificar el régimen para el uso de armas, no haciendo distinción entre civiles y fuerzas del orden. Lo anterior va de la mano con las sanciones que se establecen para aquellos propietarios  -civiles o no- que actúan con irresponsabilidad, como cuando no reportan que sus armas han sido robadas o resultan perdidas.

Finalmente, se propone también aumentar las restricciones para que personas que se han visto envueltas en actos delictivos no puedan acceder a armas. Actualmente se pide un registro de antecedentes penales del último año, pero ahora se propone que se presente un registro sin límite temporal, y que incluya también aquellos delitos que una persona cometió aunque ya haya cumplido su sentencia.

Por supuesto, los proyectos de ley, aunque positivos, no lograrán solucionar por sí solos el problema de la proliferación de armas en nuestro país. Para ello hay que atacar el problema más grave: las armas ilegales que se estima ascienden a 300 mil. Una importante fuente de estas se explica por el contrabando fronterizo, especialmente con Bolivia y Brasil. Además, de acuerdo a Eduardo Pérez Rocha, ex secretario del Conasec, uno de los principales problemas es que, en muchos casos, policías y militares al ser dados de baja se llevan armas y municiones o las sustraen para venderlas.  Ello sin contar las armas que ingresaron al país producto del terrorismo y del narcotráfico. 

Por todo lo anterior, sería bueno no solo que se apruebe pronto una nueva legislación sobre la tenencia legal de armas que promueva un control adecuado y proteja nuestro derecho a poder contar con armas para nuestra defensa personal, sino también que el gobierno se enfoque en identificar de dónde provienen la gran mayoría de armas ilegales y diseñe una estrategia integral para prevenir que ingresen más armas ilegales a nuestro país.