Editorial: Asco retardado

La divulgación de dos audios en los que se escucha al ahora ex asesor presidencial Carlos Moreno realizar “coordinaciones indebidas” (la expresión es del primer ministro Fernando Zavala) ha colocado al gobierno en un trance difícil. Como se sabe, las grabaciones sugieren que el ex asesor “habría intentado –siempre según palabras del jefe del Gabinete– sacar provecho personal del sistema de salud”, lo que plantea un dramático contraste con la imagen de intransigencia frente a la menor insinuación de corrupción que ha buscado labrarse la presente administración desde su primer día en el poder.

Como para alejar de sí las sombras políticas de este caso, en estos días algunos voceros del oficialismo han recordado, precisamente, que el 28 de julio, en su mensaje inaugural frente al Congreso, el presidente Kuczynski afirmó: “No permitiré, especialmente a mis funcionarios y colaboradores más cercanos, caer en la indignidad de la corrupción. Sepan todos que en eso no tendré miramientos”. Y en consonancia con el sentido de esa notificación han procurado persuadir a la ciudadanía de que su reacción ante el asunto que comentamos fue drástica y sin dilaciones. 

“Nos están embarrando por absolutamente nada y lo que hemos hecho es tomar una acción inmediata en cuanto hubo una sospecha”, sentenció, por ejemplo, el propio jefe del Estado el último sábado. Mientras que, un día después, el presidente del Consejo de Ministros declaró: “Estamos asqueados de haber escuchado ese audio”.

Una revisión de la cronología de los hechos, sin embargo, deja la impresión de que la acción y el asco del que hablan ahora los dos más altos representantes del Ejecutivo tomaron un tiempo en manifestarse.

Zavala, efectivamente, ha revelado que el 1 de octubre conoció la información de las grabaciones y confrontó a Moreno con ella, y que este “puso en duda su contenido pero renunció ese mismo día” (en declaraciones posteriores, el primer ministro ha dicho que en esa fecha “se gestionó su renuncia”). También ha aseverado que todo fue informado en esa misma jornada al presidente.

Si esto fue así, ¿por qué el martes 4 el mandatario afirmó ante la prensa que la renuncia había obedecido a “razones personales” y a que “era mucho trabajo” el que Moreno –que seguía ejerciendo la medicina– había cargado sobre sus espaldas? ¿Por qué, por otra parte, en la resolución en la que se aceptaba su renuncia (publicada un día antes) se le agradecía ‘por los servicios prestados’? ¿Y por qué la denuncia contra él es presentada ante la fiscalía recién el viernes 7, solo después de que el ex asesor hubiera destapado en una entrevista radial la existencia de los audios comprometedores?

El primer ministro ha tratado de explicar la demora en la denuncia argumentando que “la ley obliga a realizar las diligencias debidas para verificar la verosimilitud de la información recibida”. Pero la verdad es que tal obligación no justificaba la mentira presidencial ni la triste ironía de que se agradeciese oficialmente ‘los servicios prestados’ al Estado a quien más bien había dado todos los indicios de querer aprovecharse de su posición en él.

¿No habría podido el mandatario sencillamente decir el martes que, por el momento, las razones de la renuncia eran reservadas y que serían divulgadas en los próximos días? ¿No se podía haber suspendido, de otro lado, a Moreno inicialmente en su cargo, para luego, con las verificaciones hechas, publicar la resolución sobre la renuncia en los términos que correspondía?

Nadie pretende sugerir con esto, ciertamente, que alguien en las más altas esferas del gobierno estuviese complicado o complacido con las ‘coordinaciones indebidas’ atribuidas al ex asesor. Pero lo aquí referido deja el sabor de un intento inicial de dar a quien tan cerca estuvo del presidente un trato menos severo al que se ha predicado después. Esto es, con miramientos.

La próxima vez, en cualquier caso, sería deseable que el asco que este tipo de prácticas produce en las autoridades que hoy nos gobiernan no demorase tanto en manifestarse.