Editorial: Fue ayer pero no me acuerdo

El ex presidente Alan García estuvo recientemente de paso por Lima para declarar como testigo en la investigación que lleva adelante la fiscalía por las presuntas irregularidades en la concesión del gasoducto del sur a un consorcio en el que participó la empresa Odebrecht. Su visita, sin embargo, fue ocasión inevitable para que la prensa lo interrogara sobre la corrupción relacionada con esa misma constructora brasileña que se dio durante su segundo gobierno, así como sobre las distintas responsabilidades que podrían derivarse de ello.

En las entrevistas que concedió durante esos días, el líder aprista fue muy contundente en su demanda de que no se lo incluya “en la pandilla de los ex presidentes”, pero los recursos que utilizó para tratar de lograrlo no lo fueron tanto. Una combinación de ignorancia de lo que sucedía en las instancias intermedias del Ejecutivo con memoria imprecisa de sus eventuales vinculaciones con personas que ahora le resultarían incómodas fue, efectivamente, su receta para intentar conjurar las sospechas relativas a su segunda gestión. Y cuando ninguna de esas opciones estuvo a la mano, acudió al expediente de intentar atacar a quien le lanzaba las preguntas apremiantes.

Los asuntos más relevantes en torno a los cuales se buscaba obtener respuestas de parte de García eran los detalles de sus reuniones con los representantes de Odebrecht mientras estuvo en Palacio, el grado de relación que tuvo con los ex funcionarios que ahora están en prisión preventiva y las razones por las que su administración dio luz verde a pagos de más de US$1.900 millones, adicionales al monto aprobado originalmente, para la construcción de la carretera Interoceánica (un equivalente al 45% del costo total de la obra).

Pues bien, en lo que concierne a lo primero, en la entrevista que la periodista Anuska Buenaluque le hizo para “Cuarto poder”, el ex jefe de Estado sostuvo que las 14 veces que recibió a Jorge Barata –el entonces representante de Odebrecht en el Perú– en la casa de Pizarro, entre el 2006 y el 2011, eran comparables a las visitas que podrían haber realizado los personeros de otras compañías “para tratar temas que competen al desarrollo de su empresa”. Y luego, tras afirmar que no tiene amistad con Barata, al ser inquirido sobre si alguna vez se reunió con él en su casa, contestó: “Que yo recuerde, no”.

Un similar problema de memoria pareció afectarlo durante esa misma entrevista a propósito de su vinculación con Jorge Cuba, el viceministro de Comunicaciones de su gobierno que fue coimeado por Odebrecht para obtener la buena pro de las obras del metro de Lima. “Si al señor Cuba le di la mano una vez, no lo sé”, declaró simplemente, soslayando los empeños académicos de los que ha participado con él.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que Odebrecht haya hecho aportes económicos a alguna de sus campañas presidenciales –una práctica que, según la fiscalía suiza, era parte del sistema de sobornos de la constructora brasileña–, su reacción se dio en tres tiempos. Primero pronunció un rotundo “no”. Luego sostuvo que el ex presidente Fernando Belaunde le enseñó a ‘no mirar’ esos aportes (para eso “está el tesorero del partido”, comentó). Y terminó matizando su negativa inicial con un “no creo, no creo”, que dejó todo en el limbo de la incertidumbre.

Finalmente, cuando fue requerido por los periodistas de la Unidad de Investigación de este Diario para que diera su testimonio sobre los ya mencionados desembolsos aprobados durante su gestión para la construcción de la carretera Interoceánica, mandó decir a través de su secretaria que los datos sobre tal tema “los maneja con exactitud el que fue ministro de la cartera [de Transportes] en ese período [Enrique Cornejo] y también el señor José Graña Miró Quesada”.

Un vano y bravucón intento de distracción de la pregunta que le hacíamos. Intento que puede ser desarmado con rapidez: el señor José Graña Miró Quesada es solo uno de los 243 accionistas que tiene la empresa propietaria de este Diario y suma, junto con sus hijas, solo el 6,17% de su capital social. Por lo demás, El Comercio publicó hace varias semanas su posición sobre el caso de los socios de Odebrecht, incluyendo –con su nombre primero que el de los demás– a Graña y Montero: deben ser investigados (“Los socios de Odebrecht”, 30 de enero del 2017). Aclarado ese tema, ¿ya puede hacer memoria como para darnos una respuesta, señor García? Estamos seguros de que nuestros lectores están tan interesados como nosotros por conocerla.