Editorial: Ayuda que no ayuda

En naciones con regímenes dictatoriales o al borde del colapso, la asistencia económica extranjera que en otras circunstancias sería saludada presenta el problema de ofrecer una suerte de salvavidas u oxígeno adicional a una situación que por sí sola sería insostenible y se vería obligada a cambiar.

Algo no muy distinto sucede hoy con la enorme transferencia de recursos del Ejecutivo hacia las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que permitirá a estas últimas sobrevivir a su propia ineficiencia. Como se sabe, la semana pasada el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento propuso destinar aproximadamente S/410 millones a las EPS del interior del país para “fortalecerlas y modernizarlas”. Como parte del mismo empeño, durante este año el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) ha transferido ya S/95 millones a las EPS del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT). Este último es una herramienta del Gobierno Central, a través de la Otass, para reflotar las EPS en problemas.

Así como con la ayuda internacional, es justo reconocer que la asistencia externa del Gobierno es importante para paliar una situación crítica. Hay aún más de 5 millones de personas sin acceso a agua potable y 11 millones sin servicio de alcantarillado, en tanto que la brecha de inversión es de aproximadamente S/50 mil millones. Pero las organizaciones responsables de cerrar las brechas han sido incapaces de lograrlo y se han quedado sin recursos para hacerlo. Según el Ministerio de Vivienda, de las 50 EPS operativas, “al menos dos tercios no son sostenibles porque sus ingresos por las tarifas del servicio no logran cubrir sus gastos operativos”. Un dato que no sorprende mucho si se revisa el último reporte anual de Sunass (2015), en el que se muestra que, fuera de Sedapal, entre el 42% y el 55% de conexiones de agua potable de las EPS restantes no tenían instalado un medidor que pudiera reducir el consumo de agua no facturada.

El RAT y los montos transferidos apuntan correctamente a mejorar la provisión de agua y saneamiento, ganar escala, expandir el servicio, aumentar la participación del sector privado y mejorar la gestión de las EPS. Sin embargo, los esfuerzos del Ejecutivo –aunque bien encaminados– no atacan frontalmente el problema de fondo que ha hecho inviables a las empresas de agua y saneamiento a través de décadas: la propiedad pública.

Apenas hace unas semanas, el titular del sector, el ministro Edmer Trujillo, admitió que “salvo Sedapal, todas las entidades prestadoras del país son municipales, con muchísima injerencia política, esa injerencia política la tenemos que limitar”. La lectura es correcta. No obstante, el riesgo es que, al aplicar mejoras de gestión limitadas, se soslaye o aplace la necesidad de dotar al sector de una verdadera participación privada.

Como han demostrado el resto de sectores de la economía que han sido transferidos a manos de privados –desde las telecomunicaciones hasta el transporte aéreo– solo los mecanismos de mercado adecuadamente regulados funcionan para mejorar la oferta y calidad de servicios para los consumidores. En el caso del agua, empresas privadas concesionarias sujetas a un buen contrato y supervisión tendrían todos los incentivos para llevar a cabo inversiones en almacenamiento, procesamiento y distribución de agua, facturar por su consumo, y mantener la calidad del servicio.

Compromisos políticos poco afortunados y posturas ideológicas desfasadas impiden hoy la concesión de las EPS en un marco eficiente. Pero mientras los problemas de la propiedad pública y de la injerencia política subsistan, los millones que pueda transferir el Ejecutivo a través de la Otass servirán solo para prolongar la ineficiencia de un sistema que debería superarse temprano antes que tarde.