Editorial: Buenas intenciones... nada más
Editorial: Buenas intenciones... nada más

Anualmente los supermercados en el país desechan cerca de S/500 millones en alimentos próximos a vencer o con defectos de presentación, lo que convierte al Perú en el sexto país de la región con mayor pérdida de alimentos. En paralelo, 43,5% de niños de entre 6 y 36 meses padece de anemia. Si consideramos la cantidad de alimentos desperdiciada, esta permitiría satisfacer las necesidades nutricionales de cerca de 2 millones de personas y, por ende, reducir el índice de hambre del país de 11,8% a 6%.

Detrás de la pérdida de alimentos, existe una cuestión de incentivos. Con la legislación actual, las empresas pueden deducir como gastos aquellos alimentos producidos o adquiridos pero no vendidos, siempre que acrediten su destrucción. No así cuando los alimentos son destinados a la donación. En otras palabras, desechar alimentos es económicamente más conveniente que donarlos, pues en el primer caso se pagará un menor Impuesto a la Renta.

En este contexto, resultaba lógico cambiar la situación y procurar que los alimentos que hoy en día se desperdician sirvan para alimentar a quienes más lo necesitan. Esta motivación fue la que llevó al Parlamento pasado a aprobar –a pocas semanas de terminar su mandato– una ley que tenía por objetivo estimular la donación de alimentos próximos a vencer o con defectos de presentación o empaque.

No obstante, como ya nos han demostrado numerosas veces los padres de la patria, sus buenas intenciones no necesariamente vienen acompañadas de buenas decisiones. Y en este caso, la ley aprobada por el Congreso no generará un cambio significativo.

En primer lugar, la norma ya enviada al Ejecutivo indica que las empresas solo podrán deducir como gasto por concepto de donaciones de alimentos hasta el 10% de su renta neta en el año. Con ello limitan a priori las donaciones y propician que todos los alimentos por encima de ese monto culminen en el tacho de basura. 

Este límite no estaba contemplado en el dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso, el cual preveía, en cambio, que se pudieran deducir las donaciones hasta el 25% de las ventas netas. En realidad, lo que correspondía era que el pleno permitiera la deducción por la donación de alimentos sin límites, para alcanzar, al menos, un trato igualitario al que corresponde a la destrucción. Más aun, si se toma en cuenta que la donación supone de por sí mayores costos logísticos como la clasificación de alimentos y su adecuada preservación. 

No solo la norma aprobada fracasa en su intento de incentivar la donación, sino que termina por desnaturalizarla por completo, al proponer que, al cabo de tres años, esta sea obligatoria, quedando prohibida la destrucción de alimentos aún aptos para consumo humano. Además de creer que el altruismo puede ser impuesto –quitando de paso, el valor moral inherente a la acción voluntaria de donar–, esta obligatoriedad podría terminar por incentivar a las personas a dejar expirar los alimentos para recién desecharlos, en lugar de tener que soportar los costos de una donación que sigue siendo menos ventajosa que su destrucción.

Por otro lado, es una incógnita –que seguramente los congresistas no se preocuparon por resolver– si es que en tres años lograremos tener redes de distribución y bancos de alimentos que sepan administrar las donaciones obligatorias que tendrán que hacer supermercados, restaurantes y negocios de comida de todo el país. 

Ahora que la autógrafa de la ley está en manos del Ejecutivo, el presidente y su Gabinete tienen la oportunidad de estrenarse observándola y evitar así que una buena intención termine en el mismo lugar donde hoy terminan S/500 millones en alimentos.