Editorial: El caballo por delante

El rápido crecimiento económico experimentado por el Perú durante los últimos 25 años permitió, entre otras cosas, reducir la pobreza en más de la mitad y multiplicar por más de tres el ingreso nacional. Un progreso que nos acercó a los niveles de calidad de vida de los países del primer mundo, pero aún a una distancia considerable debido a la postergación de otro pilar del modelo económico de libre mercado: la solidez institucional.

Un Congreso en el que confía menos del 30% de la población, un sistema de justicia lento e impredecible y partidos políticos frágiles y dependientes de figuras individuales y caudillos son solo algunos ejemplos de la precariedad institucional que aún hoy –pese a ser un país más de cinco veces más rico que en 1992– padece el Perú. Y son justamente estas fallas estructurales las que permiten la subsistencia y proliferación de otros males como la corrupción y la inseguridad. Según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, nuestro país se encuentra en el tercio superior a nivel global en cuanto a entorno macroeconómico, pero en el tercio inferior respecto a la calidad de sus instituciones.

Fue por ello tan relevante que, ante la incapacidad o falta de voluntad de nuestros representantes políticos de lograr avances en esta materia, recientemente la Asociación Civil Transparencia haya presentado ante las autoridades –con el respaldo de más de 56.000 firmas ciudadanas entregadas al Congreso la semana pasada– un documento con 32 propuestas de reforma institucional. Dicho paquete –bautizado como Plan 32– se dividió en cuatro ejes fundamentales: funcionamiento del Congreso, sistema de justicia, transparencia en la administración pública y sistema electoral.

Entre lo más destacado del primer eje se propone que los miembros de las comisiones parlamentarias sean elegidos por tres años, de modo que puedan especializarse y el trabajo de estos grupos sea más continuo. En el mismo sentido, que se reduzca el número de trabajadores de confianza que laboran con congresistas para favorecer que profesionales de carrera puedan trabajar de forma permanente en las comisiones. También se plantea la creación de una oficina de estudios económicos que evalúe el impacto de cada iniciativa legislativa, y que cuando un congresista sea condenado por un delito cometido antes de asumir su cargo, su inmunidad se levante automáticamente.

Para reformar el sistema de justicia se sugiere, entre otras cosas, cambiar la forma de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura –la vigente ha permitido diversas irregularidades– y reducir la carga procesal de la Corte Suprema de Justicia a través de la figura del ‘certiorari’ (que esta instancia decida de oficio revisar cualquier caso que considere importante). En cuanto a la transparencia, se propone la creación de una autoridad verdaderamente autónoma y supervisora del resto de instituciones públicas –algo que la dirección recientemente creada por el Ejecutivo no puede hacer–, así como reformar las normas de gestión de intereses para clarificar y separar las prácticas legítimas de las prohibidas.

Finalmente, en cuanto a reformas electorales, el Plan 32 propone prohibir que personas con condenas firmes por delitos graves –como terrorismo o narcotráfico– puedan ser candidatas, exigir que los partidos realicen sus elecciones internas con la supervisión de los organismos electorales y eliminar el dañino voto preferencial.

Ninguno de estos cambios, por sí solo, lograría una mejora significativa. Y aun cuando el Plan 32 omite algunas reformas trascendentales –como la creación de distritos uninominales para la elección de congresistas o el voto voluntario–, es claro que la adopción integral de estas propuestas tan básicas sería un paso adelante para empezar a revertir la precariedad de nuestras instituciones.

Por décadas, nuestros políticos se han preocupado por resolver lo inmediato postergando lo importante y, ahora, urgente. Ante su inacción (sea por pasividad o por conveniencia), es alentador que sea un sector de la sociedad civil el que impulse una agenda de reforma institucional, ante lo cual nos queda exigir a las autoridades que dejen de enviar a los caballos detrás de la carreta.