Editorial: Cadena de ilegitimidades
Editorial: Cadena de ilegitimidades
Redacción EC

El camino por el que se llegó al nombramiento de como fiscal de la Nación y que ha desembocado en una especie de “conflicto de las investiduras” entre el (CNM) y el l (TC) parece dejar dos cosas claras. 

La primera: que nuestra precariedad institucional alcanza también a estas entidades autónomas que tienen roles absolutamente esenciales para que la justicia pueda funcionar en el país. Esto no es novedad, aunque pocas veces ha resultado más evidente.

La segunda: que el nombramiento del señor Ramos ha pasado por una historia suficientemente sospechosa como para que, unido a varias serias acusaciones de su pasado como fiscal, no le permita asumir el puesto con la carga de legitimidad que este requiere para poder ejercerse con eficacia.

En efecto, el nombramiento del señor Ramos como fiscal de la Nación se ha dado solo gracias a una serie de actos extraños que parecen haberse concatenado con el objeto de despejarle el camino hacia el máximo puesto de nuestro (MP). 

El primero de estos actos fue su propio nombramiento como fiscal supremo (en el 2011) por el CNM, luego de un concurso en el que la entidad dijo haber descartado a dos de sus competidores a causa de diversas denuncias periodísticas que los involucraban, haciendo caso omiso, en cambio, de las también muy graves denuncias que la prensa había sacado a la luz sobre el rol de Ramos como fiscal. Ello, pese a que estas denuncias incluían las basadas en un audio en el que se escucha al abogado (el recordado ‘Don Bieto’ del escándalo de los ‘petroaudios’) decir que el fiscal Ramos ya había sido “conversado” para bloquear una investigación en el

El segundo y el tercero de estos actos ocurrieron cuando la Junta de Fiscales Supremos (JFS) sacó de sus posiciones en ella a dos de sus miembros ( y ) nombrándolos a un destino que se sabía ellos no querían: el pleno del .

Estos dos últimos hechos se conectan con el cuarto acto: aquel por el cual el CNM nombró hace unos meses a dos nuevos fiscales supremos para completar la JFS. Para esta oportunidad, el CNM “revisó” los puntajes jalados que dos señoras fiscales –Zoraida Ávalos y Nora Miraval– habían obtenido en el concurso llamado para el caso, lo que permitió nombrarlas fiscales supremas.

Y así llegamos al quinto y decisivo acto: el momento en el que el voto de estas dos fiscales supremas hizo la diferencia en la JFS para nombrar al señor Ramos fiscal de la Nación. Ello a pesar de que Ramos había sumado a las sospechas que pesaban sobre la manera como ejercía su cargo al, entre otras cosas, investigar y castigar, desde su puesto como jefe de la Oficina de Control Interno del MP, a los fiscales que investigaban ‘La Centralita’ de ‘chuponeo’ y chantaje que, según parece, manejaba en Áncash.

Luego ya apareció el TC y convirtió una sucesión de irregularidades aparentemente dirigidas a encumbrar a Ramos en un zafarrancho difícil de resolver. En efecto, por un lado, el TC ha declarado nula la designación de las fiscales Miraval y Ávalos, aunque al mismo tiempo ha dicho que deben quedarse como fiscales supremas. Y, por el otro, ha ordenado la incorporación de un nuevo fiscal supremo (uno de los que demandaron la nulidad del proceso), yendo flagrantemente más allá de sus funciones al hacer un nombramiento para el que, según la Constitución, solo tiene jurisdicción el cuestionado CNM. Como consecuencia, el CNM ha declarado que lo hecho por el TC equivale a “un golpe de Estado”. 

Está claro que tenemos problemas estructurales tanto con el TC como con el CNM. Este último, más concretamente, pese a haber sido diseñado ex profeso para ser autónomo, parece no ser independiente ni probo. Sea como fuese, no se puede esperar a que estos problemas estructurales se arreglen para tener un fiscal de la Nación con algún nivel de legitimidad en su nombramiento y antecedentes. 

Entonces, ya que parece que no se le puede pedir corrección, que sea al menos por vergüenza ante la opinión pública que el señor Ramos se abstenga de asumir el puesto y que el CNM anule los nombramientos de Ávalos y Miraval, convocando a un nuevo concurso, con estándares transparentes y fiscalizables, del que salgan dos nuevos fiscales supremos. Dos nuevos fiscales supremos que puedan participar en una nueva votación para elegir al fiscal de la Nación de una manera que no haga que este supuesto defensor institucional del Estado de derecho asuma su cargo parado sobre lo que parece ser una larga y muy ensombrecedora cadena de ilegitimidades.