Editorial: A la calle

Qué duda cabe que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los más importantes problemas –si no el primordial– del país. Por ello, es destacable que en sus primeras declaraciones desde que fue anunciado como el próximo ministro del Interior, el señor Carlos Basombrío haya adelantado algunas medidas concretas para reformar la Policía Nacional del Perú (PNP). Si el 58% de la población desconfía de la principal entidad llamada a combatir la delincuencia, y apenas el 15% se siente satisfecho con ella (según la última encuesta de El Comercio-Ipsos), es evidente que la PNP tendría que figurar en los primeros renglones de la lista de acciones correctivas urgentes.

Uno de los aspectos de la reforma que ya ha adelantado el señor Basombrío tiene que ver con la reducción del número de generales en la PNP, una medida que ha contado con el respaldo mayoritario de ex funcionarios y expertos en seguridad ciudadana. Como se informó hace unos días en este Diario, en los últimos cinco años, la cantidad de generales se incrementó en 158% (de 33 a 85), lo que no tendría nada de malo si no fuera porque, además de carecer de sustento técnico, el número resulta bastante superior al promedio de otros países que muestran importantes progresos en la materia, como por ejemplo Colombia, que pese a tener más efectivos policiales cuenta con apenas 28 generales. 

Por otra parte, en lugar de que el incremento de efectivos haya sido proporcional –lo que significaría contar con más alféreces o tenientes para labores de patrullaje, vigilancia, prevención y detección– el crecimiento de la pirámide policial ha sido mayor en la cúspide que en la base. Asimismo, la propuesta del próximo titular de la cartera del Interior permitiría reducir ciertos costos, pues además de los sueldos superiores, los generales cuentan con una dotación especial de vehículos, combustibles y oficiales a su mando. 

Esta primera muestra de voluntad por reformar la policía, sin embargo, no puede limitarse únicamente a la recomposición de la pirámide funcional. Una necesidad urgente también tiene que ver con la mejor distribución de funciones. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA, el Perú cuenta proporcionalmente con más policías (por cada 100 mil habitantes) que Argentina, Brasil, Chile o Ecuador. Sin embargo, solo una tercera parte de la fuerza policial se encuentra en las comisarías, y apenas el 41% de ella realiza labores de patrullaje. A esta mala asignación de recursos se debe añadir una mala distribución de lo escaso. Conforme lo expone un estudio del portal Lampadia de inicios de este año, la disparidad entre policías por número de habitantes en distritos y ciudades es palmaria (por ejemplo, en San Isidro hay 333 habitantes por policía y en San Martín de Porres 2.979), lo que puede explicar también las distancias entre los índices de victimización (28,8% en San Isidro versus 46% en San Martín de Porres). 

La tercerización de tareas administrativas (¿cuál es la eficiencia de tener efectivos sentados tras escritorios realizando labores de trámite?) y la lucha contra la corrupción interna son también tareas pendientes que han sido largamente postergadas por las sucesivas autoridades, quizá por temor al costo político que puede significar reducir o cambiar al personal policial, bajo un mal entendido “espíritu de cuerpo”. 

Pero como lo hemos señalado antes, una de las circunstancias que juega a favor del nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es que el mandatario electo no volverá a tentar la presidencia. Así, el temor de terminar en la calle no debería pesar sobre el presidente electo ni sus próximos funcionarios al momento de mandar a la calle a patrullar a los buenos policías y a su casa a los malos elementos.