Editorial: Cambio histórico y respuestas a la altura

El Perú contemporáneo no es un país acostumbrado a recibir grandes flujos de migrantes. Las migraciones europeas, africanas y asiáticas tuvieron lugar varias décadas o siglos atrás. Desde entonces el país ha estado más pendiente del manejo de las migraciones internas –con tendencia a la urbanización– que de extranjeros.

Esa cotidianeidad demográfica habría llegado a un abrupto fin en los últimos años. El enorme flujo de migrantes venezolanos presiona sobre los sistemas económicos y sociales del Perú, y ha puesto a prueba la misma tolerancia que muchos peruanos reclaman para sus compatriotas en el extranjero. Lima ha sido por lejos la ciudad de mayor acogida: hoy, la capital tiene en promedio más personas nacidas en el exterior que 21 de los 50 estados que conforman EE.UU., un país tradicionalmente de migrantes.

De acuerdo con el canciller de la República, Néstor Popolizio, la migración ha tenido impacto en los sectores salud y educación, y la presión ha desbordado la capacidad de gestión nacional. “Esto es un éxodo que nunca hemos visto en Latinoamérica”, afirmó.

Aparte de los servicios públicos, uno de los aspectos que más preocupan –junto con temas relacionados con la seguridad ciudadana– es el impacto de la migración venezolana sobre el mercado laboral. El presidente del BCRP, Julio Velarde, advirtió la semana pasada que este cambio está impactando el crecimiento de los salarios en el sector informal en el Perú, pues es donde se desempeña la mayoría de venezolanos.

Ello no tendría que ser necesariamente así, pero hay dos razones de peso que empujan a esa situación de informalidad. La primera es que el permiso temporal de permanencia (PTP), documento que permite la contratación formal de un trabajador venezolano, se dejó de emitir para aquellos que ingresaron al país luego de octubre del año pasado –situación que en su momento criticamos desde estas páginas–. A la fecha, menos del 40% de venezolanos tiene PTP. Quitar requisitos legales para el trabajo formal no soluciona de manera alguna los problemas que la migración pueda traer, sino que, al forzar el vuelo bajo el radar y la informalidad, los intensifica.

La segunda razón es que existen todavía limitaciones para que los técnicos o profesionales venezolanos hallen los puestos de trabajo en el Perú donde mejor se pueden aprovechar sus competencias. En ese sentido, el canciller Popolizio anunció que viene trabajando con la Sunedu, por ejemplo, para mejorar los procesos de homologación de títulos. “Los colegios profesionales son otro obstáculo”, dijo en ese momento. Eso es un paso en el camino correcto, pero hace falta redoblar el esfuerzo para adecuar marcos laborales y tributarios que hoy quedan obsoletos al momento de absorber nuevos trabajadores extranjeros.

De más está decir que facilitar la transición hacia un empleo formal no beneficiaría únicamente a quienes han ingresado al país en los últimos años. Por un lado, ello quitaría presión –y algún grado de animadversión– entre aquellos peruanos que compiten por empleos y salarios con los venezolanos en el sector informal. Por otro lado, el país y sus empresas aprovecharían mejor el flujo de profesionales competentes –sobre todo en aquellos sectores donde no abundan– para mejorar su productividad general. Finalmente, conviene resaltar que los trabajadores migrantes y sus familias son, también, consumidores que compran bienes y servicios, por lo que tienen el potencial de ayudar a dinamizar la economía del país.

El gobierno actual tiene un reto especialmente importante por delante. En términos demográficos, esta es, sin duda, una coyuntura histórica para el Perú. Por razones humanitarias, fue una buena decisión de la anterior administración abrir las puertas a la migración venezolana. Dependerá de esta administración manejarla adecuadamente, sin despertar sentimientos de xenofobia ni fomentar informalidad, sino más bien aprovechándola para hacer más fuerte el país multicultural en el que ya vivimos.