Editorial: Para la cancha y para las tribunas

Legítimamente o no, la paciencia no es una de las características de la ciudadanía peruana cuando de demandar resultados políticos se trata. Y si hay un tema en el que la paciencia de la población será especialmente corta, ese es el asunto de la inseguridad ciudadana.

En este sentido, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo ofrecieron una oportunidad única para que la administración de Peruanos por el Kambio (PPK) cumpla sus promesas electorales y trace –temprano antes que tarde– el camino para, por ejemplo, reducir de 30,8% a 19% la tasa de victimización por delincuencia, de 7,5% a 2% las extorsiones y de 28,4% a 10% el ratio de criminales reincidentes.

Los resultados que se pueden esperar de los decretos legislativos son mixtos. Así, entre las varias iniciativas aprobadas, se pueden encontrar algunas que –bien ejecutadas– pueden mejorar la situación actual, pero otras tantas que parecen responder más bien a los clamores de la tribuna antes que a soluciones reales.

Entre las primeras, destacan principalmente las medidas de reorganización del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP) como, por ejemplo, los decretos legislativos 1268 y 1291 que mejoran los sistemas de disciplina institucional y de lucha contra la corrupción policial, implementando pruebas de integridad, pruebas de control y confianza, declaraciones juradas a todo el personal de la PNP y la creación de una especialidad de control administrativo disciplinario en la policía. La independencia de los órganos de control y sanción debe ser pieza clave de cualquier reforma institucional. 

En la misma línea se encuentran normas como el decreto legislativo (D.Leg.) 1318 que crea la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial como órgano rector que debiera ayudar a reformar las varias escuelas policiales que hoy funcionan con estándares y niveles de formación muy cuestionables, y el D.Leg. 1242 que permitirá la excepcional renovación de cuadros de manera anual, lo que –aun cuando no se mencione expresamente– permitiría la separación de los malos elementos. Y también se pueden resaltar la mayor cooperación de las municipalidades con la PNP y la conformación de un autónomo Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), a través del D.Leg. 1316.

En cambio, entre las disposiciones de trascendencia incierta o abiertamente criticables se encuentran la suerte de restitución del sistema 24x24. Como se recuerda, este mecanismo –eliminado desde hace poco más de un año– permitía a los policías brindar seguridad privada (a bancos, centros comerciales, restaurantes y negocios en general) durante sus días de franco o vacaciones para complementar sus ingresos. Lógicamente, la eliminación de entonces vino acompañada de un progresivo aumento del salario policial para compensar por la pérdida de beneficios. Sin embargo, el D.Leg. 1267 abre nuevamente la puerta para que los agentes del orden puedan ‘dobletear’ como policías un día y guachimanes al siguiente, regresando así a los policías a medias con incentivos distorsionados.

El énfasis en el aumento de penas para los criminales, por su parte, parece ser más un gesto en búsqueda de popularidad. Existe muy poca evidencia de que mayores penas, por sí mismas, impliquen menores tasas delictivas a través de la disuasión, sobre todo, en un país donde la baja probabilidad de captura y el pobre nivel de muchos fiscales y jueces suelen ser los principales factores que favorecen la impunidad.

Y resta por constatar si medidas como la creación de un registro de celulares (para inhabilitar aquellos que hayan sido reportados como perdidos y robados) o la posibilidad de que las municipalidades celebren convenios con las empresas de distribución de energía eléctrica para recaudar parte de los arbitrios por concepto de servicio de serenazgo o seguridad ciudadana, tendrán éxito en sus objetivos o generarán mayor incomodidad en la población. 

Así las cosas, los decretos emitidos en materia de seguridad parecen tener tantos bemoles como aciertos. Los siguientes meses y años determinarán su verdadero impacto, pero la situación no deja de ser peligrosa para la impaciente percepción ciudadana, un factor que puede convertirse en la fuente de legitimidad y fortaleza del gobierno… o todo lo contrario.