Cañones fiscales

Cualquier gasto que haga el Gobierno puede venir únicamente de tres fuentes: lo recaudado en el momento, ahorros o deuda. Ello, por supuesto, es solo otra manera de decir impuestos actuales, impuestos pasados o impuestos futuros. Para enfrentar las enormes demandas de gasto público motivadas por la presente crisis del COVID-19, el Ejecutivo deberá echar mano de las tres, suspendiendo de paso las reglas fiscales de prudencia en el gasto. Cientos de millones de soles han sido ya reasignados en el presupuesto público actual, en tanto que ahorros acumulados a lo largo de varios años –como los del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)– permanecen disponibles para ser utilizados.

Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha optado por emitir deuda en el mercado externo como fuente principal de nuevos ingresos. La semana pasada, el Gobierno anunció la emisión de US$3.000 millones en el ámbito internacional. La demanda por deuda peruana, sin embargo, se acercó a los US$25.000 millones, lo que demuestra una gran confianza de los inversionistas globales por las promesas de repago nacionales. De este modo, las tasas de interés a las que se accedieron –entre 2,39% y 2,78%– fueron históricamente bajas.

Esto confirma la relevancia del comportamiento macroeconómico responsable que el Perú ha tenido en las últimas décadas. En momentos de emergencia global, cuando decenas de países compiten y buscan liquidez inmediata al mismo tiempo, el Perú aparece como una opción confiable a la cual otorgarle crédito en condiciones favorables. El Gobierno hizo bien en aprovechar las circunstancias e incluso podría haber sido más ambicioso. De hecho, la buena recepción de los bonos confirma también que el Perú siempre tuvo espacio fiscal suficiente para enfrentar rápidamente gastos que hoy son urgentes, como respiradores y pruebas diagnósticas.

No obstante, como decíamos al inicio, la emisión tendrá que pagarse tarde o temprano con recaudación tributaria. El reto, en este sentido, es doble. Por un lado, las medidas temporales y excepcionales de gasto que está tomando el Ejecutivo –bonos monetarios para 4,5 millones de hogares, subsidios a la planilla, entre otras– tienen que ser entendidas como políticas extraordinarias propias de tiempos extraordinarios. Una vez que la situación se normalice, los principios de prudencia fiscal deben volver a tomar protagonismo. De acuerdo con un reciente comunicado del Consejo Fiscal, “superar el límite legal de endeudamiento de 30% del PBI no implica un problema de sostenibilidad fiscal en la medida que la respuesta de política implementada sea revertida y se inicie un proceso de consolidación fiscal culminada la crisis”. Los riesgos de manipulación política y uso populista de algunas de estas medidas para extenderlas más allá de lo adecuado no son menores.

Por otro lado, el repago de cualquier deuda pública depende de que la actividad productiva del país se recupere. Sin personas y empresas que vuelvan a generar riqueza, no hay valor agregado ni ganancias; y sin ello no hay tributos suficientes para cubrir obligaciones financieras presentes, pasadas ni futuras. En ese sentido, la parte del gasto público usada para preservar la cadena de pagos debe ser considerada, en realidad, una inversión.

Como en cualquier pandemia, la preocupación principal es la salud. Pero el destino quiso que sea este Gobierno al que le toque la responsabilidad de enfrentar también la crisis económica más grande en varias décadas, y por tanto es el responsable de hacer uso legítimo e intensivo de las fortalezas fiscales que el país acumuló con esfuerzo. La historia mirará también cómo lo hizo.