"La verdad es que a estas alturas no queda otra salida que la remoción del señor Barranzuela". (Foto: GEC y Latina)
"La verdad es que a estas alturas no queda otra salida que la remoción del señor Barranzuela". (Foto: GEC y Latina)
Editorial El Comercio

Una máxima vergonzosa de nuestro país reza que las leyes están hechas para sacarles la vuelta. Tan extendido está este comportamiento en nuestro territorio que, con el tiempo, ha pasado a formar parte del glosario nacional bajo el rótulo de ‘’. Dos noches atrás, el ministro del Interior, , y el congresista hicieron un elogio a este término.

Como comentamos en este Diario el último sábado, a propósito del feriado largo y de las fiestas que venían anunciándose en las redes sociales por y el , el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que le recordaba a la ciudadanía que “no están permitidas las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios […], debido a razones sanitarias”. Unos días después, sin embargo, la propia cabeza de la institución hizo agua de esta advertencia.

Según imágenes registradas por Latina, en la noche del domingo la casa del ministro del Interior se convirtió en la sede de una celebración por el Día de la Canción Criolla. En los videos se puede ver cómo algunos invitados entran y se retiran del domicilio del que, además, se emitía una música a un volumen tan elevado que despertó la atención de los vecinos.

Consultado sobre lo que a todas luces era una violación de la normativa vigente y en una clara demostración de que a la inconducta siempre puede seguirle la desvergüenza, el ministro del Interior argumentó que todo se trató de una “reunión de trabajo” motivada por “los conflictos en el interior de nuestro Perú”. Tan “reunión de trabajo” fue aquella que se celebró en casa del ministro Barranzuela que uno no puede dejar de preguntarse cómo habrán hecho los invitados para intercambiar ideas si el ruido de la música era perceptible hasta los exteriores del lugar. Tan “reunión de trabajo” que la cámara del canal de televisión captó a uno de los participantes asomándose a la puerta con una copa en la mano. Tan “reunión de trabajo” que uno de los asistentes, el legislador Bermejo, percatado de la presencia de la prensa, se retiró a gachas del lugar como intentando ocultarse de lo que –quizá sospechaba en ese momento– era un escándalo en ciernes.

Como ocurrió la semana pasada con la celebración del cumpleaños de la hija del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, con acciones como estas la administración actual le demuestra al país que, en cuestiones de vicios, en realidad, no dista mucho de sus antecesoras.

La mancha, por supuesto, no alcanza solo a Barranzuela. También a quienes, como el mandatario o la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, lo nombraron en el cargo y han insistido en mantenerlo a pesar de todos los cuestionamientos en su contra. Sin embargo, lo que ameritaba una respuesta inmediata de ambos que sirviera para darle al país un mensaje contundente de que la ley se aplica sin distingos, ha motivado, de parte del mandatario, el silencio al que ya nos tiene habituados cada vez que uno de sus ministros se ve envuelto en una polémica y, en el caso de la primera ministra, un oficio en el que le pedía al ministro Barranzuela una “aclaración” por lo sucedido que, en la noche, se transformó en un anuncio de que hoy tomará junto con el presidente “las decisiones que correspondan” luego de calificar la respuesta que le dio Barranzuela como “inaceptable”.

La verdad es que a estas alturas no queda otra salida que la remoción del señor Barranzuela. No solo por los sucesos que protagonizó este fin de semana, sino principalmente por la hilera de cuestionamientos en su contra que no ha dejado de crecer desde el día que juró al cargo. De hecho, hace más de dos semanas, la jefa del Gabinete Ministerial ya había anunciado una ‘evaluación’ al señor Barranzuela de la que, hasta ahora, no hemos conocido resultados.

No deja de ser curioso, en fin, que al Gobierno al que le gusta tanto hablar de división de clases no parezca preocuparle esa otra distancia –que tanto daño le ha hecho al Perú– que existe entre los ciudadanos que están subordinados a la ley y los funcionarios que se sienten libres de saltársela porque saben que no serán sancionados.