Editorial: Chávarry en su laberinto

Desde que asumió como titular del Ministerio Público, el señor Pedro Gonzalo Chávarry no ha sido precisamente un dechado de consistencia. Para comprobarlo, basta recordar la forma enfática en que negó haber participado en el almuerzo que en su momento le organizaron el ex magistrado César Hinostroza y Antonio Camayo, o su declaración de noviembre del año pasado en el sentido de que, si bien podía remover al fiscal José Domingo Pérez Gómez, no lo hacía porque no quería que eso se tomase “como una represalia”. Como se sabe, al final, admitió haber asistido al referido almuerzo y removió a Pérez Gómez.

Lo ocurrido ayer a propósito de este último y de su colega Rafael Vela Barba, sin embargo, supera cualquier anterior contradicción en la que Chávarry pudiera haber incurrido.

Menos de 48 horas después de haber anunciado el 31 de diciembre –prácticamente entre cohetes y medianoche– que dejaba sin efecto las designaciones de los dos mencionados fiscales como coordinador y miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, publicó una nueva resolución de la Fiscalía de la Nación en la que retrocedía en esa decisión. O, lo que es igual, dejaba sin efecto lo recientemente dejado sin efecto…

¿Suena confuso? Desde luego, porque definitivamente lo es. Y si se revisan las supuestas argumentaciones que acompañaron cada una de las dos determinaciones, la sensación de incoherencia se agudiza.

Al tratar de dar sustento al relevo de Pérez Gómez y Vela Barba durante la conferencia de prensa en la que hizo el anuncio, Chávarry aseveró que el cambio formaba parte de una serie de “medidas urgentes y necesarias para reforzar el cumplimiento integral de la labor fiscal” y que el Ministerio Público contaba “con fiscales, en todos sus niveles, altamente calificados para asumir casos complejos y de relevancia nacional”.

En el documento divulgado ayer, no obstante, indicó que la nueva postura obedece a que los fiscales originalmente designados para reemplazarlos –Marcial Páucar y Frank Almanza Altamirano– habían declinado el encargo y que, por lo tanto, se debían “adoptar las acciones que corresponda a efecto de continuar las investigaciones a cargo del equipo especial de fiscales” y “en resguardo de la autonomía constitucional del Ministerio Público”.

¿Pero cómo? ¿No era que el Ministerio Público contaba con fiscales altamente calificados en todos sus niveles? ¿Por qué llenar las plazas vacías, entonces, exactamente con los mismos funcionarios que se acababa de remover?

Y si, por otra parte, la decisión del 31 de diciembre se había adoptado “en defensa de la autonomía del Ministerio Público”, ¿cómo así el retorno de los removidos serviría ahora para resguardar una autonomía que aparentemente su mera presencia en la institución retaba?

La circunstancia pretextada por Chávarry para la contramarcha fue el anuncio del presidente Martín Vizcarra de un proyecto de ley para declarar en emergencia la fiscalía. Pero, aparte de que al momento de reponer a Pérez Gómez y Vela Barba el proyecto todavía no había sido presentado –y, en consecuencia, mal podía ser conocido por él en sus detalles–, es obvio que ese mismo objetivo podría haber sido procurado nombrando a otros fiscales.

No queremos decir con eso, por cierto, que en nuestra opinión el titular del Ministerio Público no debería haber vuelto a colocar a Pérez Gómez y Vela Barba en sus posiciones originales, sino poner en evidencia que nunca debió haberlos removido, pues la naturaleza arbitraria de esa determinación resulta ahora transparente.

Mientras sectores políticos que antes lo apoyaban, como el aprismo o el fujimorismo, exigen de pronto su renuncia o crean a su alrededor un vacío, Chávarry parece atrapado en su laberinto y convencido de que un retroceso más oportunista que oportuno podría garantizarle una permanencia en el puesto. Pero, en honor a la verdad, esa opción luce cada vez menos viable y su renuncia, aún más necesaria, especialmente considerando el daño que le hace a su institución.