Editorial: El cielo es el límite

Dicen que, a diferencia del deterioro de las personas que eventualmente termina con la muerte del quebrantado, el problema con las naciones y con las instituciones es que estas se pueden continuar deteriorando de manera indefinida. Lo acontecido en el Congreso el jueves pasado es una muestra. Cuando se pensaba que las actuaciones en el recinto parlamentario podían haber tocado fondo, el Legislativo sorprendió con un nuevo nivel –por partida doble– de irresponsabilidad institucional.

Aquel día el Congreso derogó el Decreto Legislativo 1198, que promovía la participación y la gestión privada de parte del patrimonio arqueológico del país. Por 56 votos a favor y 7 en contra, el Parlamento votó por mantener a los monumentos prehispánicos en su actual estado de abandono.

El decreto tenía como objetivo replicar experiencias exitosas de puesta en valor del patrimonio arqueológico por parte de empresas, universidades y organizaciones independientes. Como hemos mencionado antes, los casos de la Huaca Pucllana en Miraflores, de las huacas del Sol y de la Luna en Trujillo, y del Complejo Arqueológico El Brujo, también en la costa norte, apuntan a que las alianzas entre el sector público y el sector privado son efectivas en este campo. Sin embargo, luego de la derogación, los casi 20.000 sitios arqueológicos del país seguirán dependiendo de los limitados recursos de las autoridades regionales y locales de turno para ganar atractivo turístico. Tomando en cuenta el presupuesto del sector público de este año destinado a la “puesta en valor y uso social del patrimonio cultural”, a cada sitio le tocaría apenas S/.6.500, difícilmente un monto suficiente para rescatar del polvo cualquier resto arqueológico.

¿En qué se basó el Congreso para derogar el decreto? A diferencia de otras ocasiones, en las que los argumentos demagógicos tienen ribetes de veracidad para hacerlos más plausibles, en este caso ya no fue siquiera necesario presentar un razonamiento ambiguo. Las protestas en Cusco motivaron la anulación del decreto. Este, no obstante, explícitamente excluía los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, condición que poseen el Centro Histórico de la ciudad de Cusco y la gran mayoría de sitios arqueológicos de la región que se usaron para justificar el paro de 48 horas.

En una segunda muestra de disociación con el entorno, el mismo día el Congreso aprobó por mayoría la insistencia del dictamen que faculta a Petro-Perú a explorar y explotar el lote 192, ubicado en Loreto. La insistencia pasa por alto, por un lado, las pertinentes observaciones del Ejecutivo sobre la ilegalidad de la iniciativa. En efecto, la autógrafa de ley a favor de la petrolera estatal desconocía la Ley Orgánica de Hidrocarburos y proponía una norma con nombre propio.

Por otro lado, y más revelador aun, el Parlamento insistió en la aptitud de Petro-Perú para explotar el lote, a pesar de que el propio presidente del directorio de la institución, Germán Velásquez, había declarado que la petrolera no se encontraba en condiciones de administrarlo. Según los especialistas, los recursos para ocuparse del yacimiento en cuestión distraerían ingresos y esfuerzos de la ya onerosa refinería de Talara de Petro-Perú –proyecto que, así como esta nueva aventura empresarial, pagaremos todos los contribuyentes–. Adicionalmente, no está de más recordar que la empresa no ha realizado labores de explotación en más de dos décadas y su equipo de exploración cuenta con apenas seis personas. Si el máximo representante de la institución reconoce que Petro-Perú no puede ocuparse del lote, ¿bajo qué premisas factuales opera el Congreso para endosarle esa responsabilidad más allá de las protestas relacionadas con el caso y el cálculo político con miras a las elecciones del próximo año?

En un paso más de deterioro institucional, la protesta sin visos de realidad le ha ganado terreno a la habitual y perversa demagogia que siquiera intentaba manipular un argumento cierto. Atrás quedaron los tiempos en que para presentar una iniciativa legislativa parecía necesario cuanto menos tener una idea anclada en hechos mínimamente veraces, por más debatibles que estos sean. Ahora basta con bloquear vías y levantar la voz. Y en este juego, el cielo es el límite.