Editorial: Comisión de doble filo

Todos tienen una opinión sobre la mejor manera de utilizar el dinero público: el costo y las necesidades de la reconstrucción del norte, el gasto de la visita del papa Francisco al país, el aumento de sueldo a los profesores, el bono para las parejas jóvenes que propone el Ministerio de Vivienda (MVCS), entre varias opciones y posibles destinos. La agenda pública debate de manera constante estas alternativas del presupuesto y muchas más. La otra cara de la moneda, la procedencia de los recursos y las tendencias de recaudación, se debate mucho menos a pesar de ser exactamente igual de importante. 

Las cifras de los últimos meses, sin embargo, indican que es prudente empezar a prestar más atención a este aspecto de las finanzas públicas. Según se supo hace poco, el déficit fiscal del 2017 llegó a 3,2% del PBI –la diferencia entre ingresos y gastos más grande desde el año 2000, cuando cerró en 3,4% del producto–. Si bien por el momento la situación permanece bajo control, la tendencia es francamente preocupante. 

En este contexto, el jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, anunció la semana pasada que el Congreso crearía un equipo de trabajo formado por cinco congresistas de diversas bancadas para darle seguimiento a la reforma tributaria. La renovada atención en los asuntos de hacienda es positiva, pero no viene exenta de riesgos. 

Decimos que es positiva porque, ciertamente, hay mucho que hacer en este campo. En primer lugar, el uso y abuso de las exoneraciones tributarias viene causando serios vacíos en las arcas fiscales desde hace décadas y debe ser revisado. Las exoneraciones totales a sectores como educación, agricultura y crédito suman más de 2 puntos del PBI. Por sus dimensiones y efectos distorsionadores sobre la economía, preocupa sobremanera la permanencia de las exoneraciones tributarias a la Amazonía, que cuestan no menos de medio punto del producto. No está demás recordar que el propio presidente Kuczynski, cuando candidato, afirmó que en un eventual gobierno suyo eliminaría las exoneraciones tributarias de esta región. Las arcas fiscales siguen esperando. 

En segundo lugar, los regímenes especiales para las mypes y las grandes oportunidades para la evasión del IGV cuestan caro. Sobre lo primero, las normas fiscales dan espacios para la subdeclaración de ingresos, desincentivan el crecimiento, y permiten la manipulación del sistema. Por su lado, la evasión del IGV, según la Sunat, aumentó en casi tres puntos porcentuales durante los últimos cinco años, al pasar de 32,7% en el 2012 a 35,9% en el 2016. Cerrar estos espacios es urgente. 

En tercer lugar, la Sunat no puede cejar en sus esfuerzos para facilitar el pago de tributos a los contribuyentes. Se ha avanzado en temas de digitalización y reducción de carga administrativa en el último año, pero aún se está lejos de la meta. Mientras que para las micro y pequeñas empresas siga siendo más caro el proceso de pagar impuestos (abogado, tiempos, colas, contador, etc.) que los impuestos en sí, el ensanchamiento de la base tributaria seguirá siendo una expresión vacía que se repite todos los años. 

Pero decimos también que la iniciativa del Legislativo no viene exenta de riesgos porque ha sido justamente el Congreso el principal promotor de normas que han erosionado la base fiscal, y sobre las cuales nos hemos pronunciado antes en estas páginas (“IGV Justo”, “Alertas Educativas”, “Sello Mype”, entre otras). Si bien el Congreso es un actor clave para cualquier propuesta de reforma tributaria, someter al debate congresal el funcionamiento de un sistema tan complejo en un Parlamento cargado de ánimos para la tribuna es peligroso. Ello no significa que el Congreso debe rehuir a sus responsabilidades de emitir los lineamientos básicos de política fiscal y tributaria, pero sí que –si quiere tomarse la tarea en serio– debe hacerlo con mayor prudencia y cuidado que los exhibidos en el pasado.