Editorial El Comercio

Este martes, mientras la indignación y la protesta por su crecían en los medios y en las redes, el presidente del Consejo de Ministros ensayó una maniobra distractora que quería ser ingeniosa: dirigió un oficio al presidente del , José Williams, en el que pedía ser recibido en el pleno para presentar atada a la demanda de que la representación nacional vote de inmediato el proyecto del Ejecutivo que busca anular la ley que limita, precisamente, la cuestión de confianza. Exigía, de paso, que el proyecto fuese exonerado del trámite en comisiones y pasara directamente a la sesión plenaria que debía tener lugar hoy.

La noticia, por supuesto, produjo revuelo, porque la ciudadanía tiene asociadas las cuestiones de confianza a la disolución del Congreso. Esto gracias al controversial episodio de la “denegación fáctica de la confianza” protagonizado por el expresidente Martín Vizcarra tres años atrás.

Pasado el alboroto inicial, sin embargo, la pretendida ofensiva oficial mostró sus limitaciones. A saber, el hecho de que, según la ley vigente, el jefe del Gabinete solo puede plantear cuestiones de confianza sobre materias de competencia del Ejecutivo, relacionadas, además, con la concreción de su política general de gobierno… y esta no lo es. Especifica adicionalmente la norma actual que las cuestiones de confianza no pueden ser planteadas como medio para forzar la aprobación de reformas constitucionales ni por asuntos que afecten las competencias exclusivas del Legislativo.

El alegato del ministro Torres en el sentido de que la supuesta necesidad de dejar sin efecto esta ley tiene que ver con el eje número seis de la política general del Gobierno (relacionado con el fortalecimiento del régimen democrático) simplemente no se sostiene. El “fortalecimiento del régimen democrático” es justamente lo que el afán de obligar al Legislativo a anular lo que ese mismo poder del Estado aprobó en el ejercicio de sus atribuciones meses atrás amenaza.

Cabe añadir que ya el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley, y que el Tribunal Constitucional (TC) en febrero. No es de extrañar, por eso, que los especialistas en derecho constitucional consultados hayan coincidido en señalar que el mecanismo que el ministro Torres ha tratado de activar debe ser declarado improcedente.

La finta de la cuestión de confianza que comentamos, en consecuencia, no tiene futuro, y ha hecho bien, en consecuencia, el presidente del Congreso, José Williams, en responderle formalmente ayer a Torres para indicarle que “en los términos planteados”. Pero eso no ha de preocupar demasiado al gobierno, pues desde el principio sus voceros tienen que haber sabido que su aparatosa acometida tenía piernas cortas. Lo que ellos perseguían era simplemente distraer a la opinión pública frente a las injurias machistas y gratuitas que el titular de la PCM dedicó recientemente a nuestra colega Sol Carreño (y que ni siquiera la ministra de la Mujer ha tenido la entereza de condenar) y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, en la investigación fiscal que se sigue al presidente por su presunta pertenencia –como cabecilla– a una red criminal que funcionaría dentro de esta administración.

No se debe perder de vista, por otro lado, el ánimo de victimización que existe también en distintos miembros del Gabinete (“nosotros, como Ejecutivo, nos encontramos maniatados”, ha clamado la ministra de Cultura, Betssy Chávez, a propósito de la ley que se quiere anular) en estas fechas próximas a la llegada de la misión de la OEA a nuestro país. La verdad, no obstante, es que solo una misión muy sesgada podría comprarse ese discurso sobre un Congreso que supuestamente avasalla al presidente y sus ministros, y se inventa –junto con el Ministerio Público y la prensa– una corrupción en el Ejecutivo que no existe.

Lo que estamos viendo es, ni más ni menos, un vulgar intento de tapar el sol con un dedo. Y esos ímpetus, como se sabe, acaban generalmente con el dedo apantallador abrasado.

Editorial de El Comercio