Editorial: Congresistas por el Kambio

La semana pasada, dos sorpresivas noticias provenientes de distintas procuradurías remecieron al gobierno.

La primera fue la solicitud del procurador anticorrupción Amado Enco para que la fiscalía investigue al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero. La segunda fue el oficio que la procuradora ad hoc Katherine Ampuero cursó al Ministerio Público “a efectos de que se tomen las acciones que correspondan” respecto del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a propósito de supuestos aportes realizados por Odebrecht a una empresa relacionada con él.

Ante ello, la reacción de varios miembros de la bancada de Peruanos por el Kambio no se hizo esperar… aunque no precisamente para respaldar al gobierno. “Si hay un responsable político es la ministra de Justicia. Ella [...] tiene que dar explicaciones sobre este desmadre”, indicó el vocero del oficialismo Juan Sheput. En la misma línea, su colega de bancada y segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, aseguró que Marisol Pérez Tello “tiene la responsabilidad [...]. Ella tiene que ponerle orden a esto”. 

En circunstancias normales, los reproches públicos de legisladores oficialistas en contra de sus ministros llamarían poderosamente la atención. Pero en el contexto actual, en el que la bancada de gobierno representa apenas a la segunda minoría en el Congreso y en el que existe una sensación generalizada de disonancia en el interior del oficialismo, este tipo de episodios se tornan alarmantes. Más aun puesto que no se trata de un espectáculo de estreno en este gobierno.

Hace una semana, el pedido de un grupo de parlamentarios para que se interpele al ministro Vizcarra propició una incomprensible reacción de congresistas oficialistas quienes, contrariando la posición del Ejecutivo, minimizaron el hecho. El vocero Carlos Bruce, por ejemplo, señaló que “si se censura al ministro, no es que se viene el mundo abajo”. Salvador Heresi, por su parte, indicó: “En política ni en ningún tema de la vida hay imprescindibles”. Y Juan Sheput puso en entredicho la pertinencia de la permanencia de Vizcarra en el Gabinete. “El presidente tiene que evaluarlo buscando lo mejor para el país y, sobre todo, la gobernabilidad”, afirmó.

No es la primera vez, por cierto, que Sheput propone públicamente cambios en el equipo ministerial. A fines de enero, tras la publicación de la encuesta de GFK que reflejaba una caída en la aprobación presidencial (35% en ese entonces), señaló que esperaba “que a partir de esto se hagan los cambios que sean necesarios, a la estrategia o al Gabinete”. Y dos semanas antes, comentando otra encuesta, criticó que algunos ministros estén “encerrados en su labor de escritorio” y aseveró que “necesitan entender mejor la idea del gobierno”.

Si a esto le sumamos el extravagante episodio de fines de enero, cuando el hoy suspendido parlamentario de la bancada ppkausa Moisés Guía pidió que se declare la ‘vacancia presidencial’ y la ‘insurgencia popular’, no causa extrañeza que los llamados al orden provengan de otras tiendas, como lo hizo la congresista fujimorista Úrsula Letona en una reciente entrevista a este Diario, al resaltar que “la bancada de gobierno está debilitando la figura presidencial”. Recordó, además, que “es él [el presidente] y el Consejo de Ministros los que deciden los cambios en el Gabinete”.

Esta verdad tan fundamental, pero tantas veces desdeñada por los legisladores oficialistas, hoy permite incluso cuestionar si algunos de los ataques antes citados no tendrían como explicación un objetivo ulterior que responda a agendas individuales. ¿Acaso alguno de los congresistas ppkausas que abogan por cambios en el Gabinete pretende también ser la pieza de reemplazo?

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha dado señales de estar muy interesado por poner un freno a las continuas e indómitas insinuaciones y, por ello, es poco probable que la situación se revierta pronto. Sea como fuese, es evidente que se trata de una práctica que, para bien del gobierno, exige cuanto antes un cambio. Más que de ministros, de la actitud y la coordinación entre el Ejecutivo y su bancada.