(Foto: El Comercio)
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Editorial El Comercio

Hace apenas un mes, el nuevo gobierno encabezado por solicitó facultades legislativas para, entre otros temas, extender la vigencia de las normas de promoción del e incorporar otras actividades, como la acuícola y forestal, en el mismo marco. Sin embargo, a las pocas semanas, el mismo presidente apuntó que la propuesta de ampliación del mencionado sistema ya no formaría parte del pedido de facultades, sino que la discusión sobre su futuro pasaría a manos del . “No va a ser parte de las facultades porque ahí queremos que estén presentes los proyectos que, siendo importantes, sean urgentes; por ejemplo, la reconstrucción”, dijo entonces el mandatario.

La reculada cayó como un baldazo de agua fría para quienes apoyan la prórroga del régimen agrario y su eventual expansión a otros sectores, entre quienes se cuentan la (ÁDEX), la (CCL), y la , entre otras instituciones. Según estas, las facilidades laborales de las que goza el sector son lo que ha permitido el despegue de las de los últimos años y la creación de empleo formal en el campo. Más aun, ceder la responsabilidad en el tema al Congreso –dicen algunos de los partidarios de la extensión del régimen– abonaría incertidumbre y retrasaría inversiones, máxime cuando quedan apenas tres años de vigencia de la actual norma y los períodos de maduración de los proyectos en el agro suelen ser de al menos cuatro años.

Las voces a favor han tenido, obviamente, resistencia desde trincheras opuestas. A organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se suma el Frente Amplio en el pedido de derogación del sistema. De acuerdo a ellos, la normativa vulnera los derechos de los trabajadores y ya no es necesaria para promover una actividad que se ha consolidado en la última década. “Ya se cumplieron los objetivos de incrementar la producción agraria, generar empleo en el sector y elevar los niveles de las exportaciones agroindustriales”, dice el proyecto de ley 508, uno de los que busca acabar con los beneficios del sector agrícola. Ha trascendido que incluso el Ministerio de Trabajo sería un importante opositor a la extensión del régimen laboral especial.

La realidad, según diversos estudios, es que los beneficios laborales en el sector agrario han producido, literalmente, buenos frutos. Hoy el Perú está entre los tres primeros países del mundo en producción de palta, espárragos, alcachofa y arándanos, mientras que la productividad laboral agraria creció por encima del promedio nacional. Por su lado, según un informe de Apoyo Consultoría, la formalidad laboral del sector habría pasado de 16% en el 2004 a 25% en el 2017. En este sentido, lejos de desproteger a los trabajadores, el régimen agrario ha permitido incluirlos en la formalidad. Así, la incidencia en la reducción de la pobreza rural también ha sido notable: según la consultora, dicha ley ha sido parte fundamental de la reducción de la pobreza rural, que bajó de 81,3% a 38,3% .

Como en todo, hay espacio para mejoras. Uno que llama particularmente la atención es el pago de una tasa de Impuesto a la Renta menor de la que enfrenta el resto de sectores, y que forma parte del actual régimen. Pero mientras que este tema en concreto podría revisarse, los beneficios que ha traído el régimen agrario –como un todo– son indiscutibles. De hecho, sería positivo iniciar un debate sobre la pertinencia de ampliar este régimen a otros sectores.

En este punto, quizá valga la pena hacer mención a la falta de difusión –de parte de la prensa y de otros agentes responsables– respecto de las condiciones que han hecho posible el ‘boom’ agroexportador de los últimos años. El éxito del sector y su formalización no ha sido casualidad, sino más bien la feliz consecuencia de un entorno regulatorio adecuado y empresarios convencidos de la oportunidad. Defender estos principios y comunicarlos adecuadamente es una tarea aún pendiente en muchos aspectos. Después de todo, se cosecha lo que se siembra.