Editorial: Crédito agotado

Tras la divulgación del rastreo a políticos, periodistas y empresarios que se hizo desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en los últimos cinco años, poco es lo que habría podido decir la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, durante su presentación en el Congreso para mejorar su situación política. Lo que dijo, sin embargo, la empeoró.

No solo le correspondía dar la cara en este caso por ser la jefa del Gabinete, sino también por el hecho de que la referida institución está adscrita a su portafolio. Y lo que convertía en particularmente dramática su circunstancia era que los sucesivos escándalos en los que la DINI se había visto envuelta en los últimos tiempos la habían llevado a cerrarla por 180 días, declararla en reorganización y designar a una ‘comisión de alto nivel’ que se encargase de supervisar el proceso.

Conviene recordar aquí, además, que fueron precisamente esas medidas, sumadas al licenciamiento de varios ministros cuestionados por la oposición y la opinión pública, las que le permitieron a la primera ministra superar la crisis política que la tuvo al borde de la censura hace poco más de un mes, pues ese es un indicador adicional de que este nuevo destape debía ser tomado con pinzas.

En realidad, habida cuenta de que ella misma estaba en la lista de las personas escudriñadas por la DINI sin haberse enterado de ello, probablemente lo más coherente habría sido que la señora Jara renunciara a su cargo, dejando al gobierno, que tan poca confianza le había dispensado, solo en su intento por defender lo indefendible. Pero, al parecer, esa nunca fue una opción disponible.

En lugar de ello, la primera ministra salió a relativizar la gravedad de lo ocurrido y a tratar de transferirle la responsabilidad esencial del problema al gobierno anterior. Según ella, efectivamente, lo realizado por los agentes de inteligencia no fue “seguimiento propiamente, sino acopio de información pública” (expresión eufemística que hace recordar las ‘verificaciones’ del ex ministro Urresti). Y en su cuenta de Twitter destacó que 5.000 de los rastreos de propiedades efectuados por la DINI se produjeron en los últimos seis meses de la administración aprista.

Ninguno de sus dos argumentos, no obstante, sirve para atenuar su apremiado trance. En lo que concierne a la naturaleza pública de la información recabada, no hay que perder de vista lo sistemático del empeño –no se investigó a ciudadanos cualesquiera, sino a opositores, periodistas y personas potencialmente incómodas para el gobierno– ni la consideración de que los datos sobre inmuebles o automóviles pueden ser solo la parte que hemos podido conocer de un ‘file’ más amplio. La lógica, de hecho, sugiere que a ese paso inicial debían seguirlo otros de intromisión en esferas más íntimas, para cosechar información útil para fines políticos no necesariamente saludables.

En lo que se refiere a la responsabilidad del último gobierno aprista, por otro lado, es cierto que sus representantes deben responder por los cerca de 5.000 rastreos (unas 700 personas espiadas) que se dieron mientras Alan García era presidente. Pero es cierto también que el 95% de esa actividad indebida ocurrió en este gobierno y son por ello los voceros del Ejecutivo quienes tienen que dar las explicaciones y enfrentar las consecuencias.

Ha llegado el momento de enfrentar las responsabilidades políticas del contumaz manejo irregular de la DINI y quien tiene que hacerlo es la presidenta del Consejo de Ministros. No porque ella haya dado las órdenes para que tal cosa ocurriese, sino porque tendría que haberlo impedido, y es evidente que nunca estuvo ni siquiera al tanto de lo que allí sucedía. Y también porque eso es lo que dispone la Constitución.

El crédito del que la señora Jara gozaba en importantes sectores ciudadanos se ha agotado y lo que le toca ahora es renunciar. Ninguna destitución de funcionarios subalternos –en algunos casos llegados cuando el rastreo ya había sido interrumpido– servirá para paliar esa circunstancia. Y si por alguna razón ella decide no asumirla, la representación nacional –entre la que ya se cuentan más de 50 votos favorables a la censura– tendrá que tomar el asunto en sus manos y proceder a ejercer las funciones de control político que le corresponden.