Editorial: Crónica de un desperdicio anunciado

Hace unos meses se conoció que la Universidad de Cambridge ha desarrollado un método de fabricación de cables compuestos de nanotubos de carbono para transmitir electricidad. Se apunta a que estos cables terminen reemplazando a los de cobre por su mayor capacidad de transmisión y menor costo de producción.

Este no es, por cierto, el único ejemplo de tecnología en vías de reemplazar al cobre. De hecho, muchos cables de transmisión de datos fabricados con este metal ya vienen siendo reemplazados por la mucho más eficiente fibra óptica. 

Algo similar sucede con el oro. Así como la mayoría de dentistas cambió las coronas de oro por las de resina, hay empresas dedicadas a encontrar sustitutos para el oro utilizado en la electrónica. Por ejemplo, la empresa Xtalic podría tener el toque del rey Midas: utilizando nanotecnología habría fabricado un nuevo material sintético que sería lanzado a fines de año y que tendría las mismas propiedades conductoras del oro.

Como país con un importante potencial minero, el Perú enfrenta, entonces, un hecho (relativamente) nuevo. Si bien no sabemos exactamente cuándo sucederá, en un futuro (aparentemente no tan lejano) muchos minerales preciosos dejarán de merecer gran parte del adjetivo, pues pasarán a ser reemplazados en sus distintos usos por productos alternativos más baratos. 

¿Por qué esto sería relevante para el Perú? Pues porque significa que el banco de oro en el que se sienta el mendigo de Raimondi perderá parte de su brillo tarde o temprano. Si hoy no aprovechamos para explotar los minerales de nuestro subsuelo mientras sigan siendo altamente cotizados, mañana no tendrá sentido extraerlos y habremos perdido la oportunidad histórica de usar la minería como palanca de nuestro desarrollo.

En otras palabras, en el camino por dar valor a la potencial riqueza que yace enterrada bajo nuestro territorio, no solo competimos con otros países que también la tienen y que, crecientemente, resultan bastante más viables para el inversor minero que el nuestro; sino que competimos también contra el tiempo. 

Naturalmente, el solo hecho de no ser monopólicos en nuestra condición de país con ricos depósitos naturales ya debiera ser suficiente para que las actitudes “sentadas” como la que describía Raimondi resulten torpes (particularmente, en un país que está todavía lejos de alcanzar estándares de vida material decentes para toda su población). Con el factor “tiempo” agregado, sin embargo, una actitud así ya se vuelve imperdonable: si no se explota a tiempo esa potencial riqueza puede acabar perdiéndose. 

Sin embargo, a juzgar por los resultados del último Simposium Nacional del Oro y la Plata, nuestro Estado sigue actuando como si los inversores mineros no tuviesen más opciones que el Perú y como si Chile, para nombrar un país cercano que tiene una riqueza mineral muy similar a la nuestra, no estuviese 26 puestos más adelante que nosotros en la categoría que analiza qué tan favorables son las políticas públicas nacionales para la inversión minera del ránking que publica el Instituto Fraser sobre el tema (ránking en el que el Perú ha venido cayendo sostenidamente en los últimos años hasta ocupar el puesto 56 de 112 jurisdicciones estudiadas). 

En efecto, las trabas burocráticas han pasado a ser el principal disuasivo de la inversión minera en el país (por encima de los conflictos sociales). Así, Ricardo Briceño, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería detalló que existen  más de 180 normas que se entrecruzan, duplican, contradicen y crean confusión entre los empresarios mineros. Según él, “la normatividad minera es hoy un plato de espagueti”. Lo que, desde luego, calza perfectamente con lo recogido por Fraser.

Y el caso regulatorio es solo parte del problema: el contenido de las partes de nuestro sistema de regulación minera que queda más o menos claro suele ser otra gran parte. Por otro lado, el que en el ránking del mismo Fraser que mide el potencial minero (es decir, los aspectos geológicos) el Perú se encuentre adelante, en el puesto 19 de 119 jurisdicciones, solo sirve para medir el tamaño de la oportunidad perdida.

El año pasado la inversión en exploración minera cayó un 26% con respecto al 2012 descendiendo de US$1.026 millones a US$760 millones. Si pronto no hacemos algo para contrarrestar esto, –además de la caída de los precios de muchos minerales– puede muy bien que lo que acabemos teniendo escondido por toneladas bajo los Andes deje de ser una oportunidad y acabe siendo más bien, para nuestra gran pérdida, un cadáver enterrado más.