Editorial: A cuenta gotas

La semana pasada, en una entrevista para El Comercio, se le preguntó al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, si había habido algún avance con respecto al anuncio que hizo el Gobierno a mediados de agosto acerca de la posibilidad de permitir la participación del sector privado en Sedapal (vender hasta el 49% de las acciones en la bolsa). La respuesta del titular no fue auspiciosa: “Ese tipo de decisiones requieren de [apoyo]” y, según el ministro, en el mejor de los casos, la posibilidad se podía comenzar a discutir el año que viene. 

Sedapal es la única EPS nacional y, para abrir la puerta a los privados, es necesario modificar su ley. Sin embargo, dado el contexto político, esto sería algo complicado, pues el gobierno no tiene una bancada estructurada que le brinde el apoyo necesario. Es más, el Congreso recientemente rechazó la posibilidad de ampliar la participación del sector privado en las empresas eléctricas públicas y Sedapal podría correr la misma suerte. 

Pese al clima político, hay beneficios claros si Sedapal estuviera acompañada de la mano por el sector privado.

En primer lugar, con la privatización de Sedapal se podría conseguir una mayor eficiencia en la gestión, pues los privados tienen más incentivos –porque su dinero está en juego– para que la empresa incremente su rentabilidad. 

Además, los socios privados presionarían para mejorar los temas pendientes de la compañía, como la micromedición del agua (que el usuario pague por su consumo exacto y no por un promedio), reducir las pérdidas del líquido y ampliar la cobertura de conexiones. Recordemos que la brecha de infraestructura en este sector es tan preocupante, que muchas personas tienen que recurrir a camiones-cisterna o sistemas informales de abastecimiento, los cuales venden agua a un precio hasta 12 veces más alto. 

También es importante resaltar que el Estado nos ha demostrado una y otra vez que no es el mejor gerente, y que no sabe cómo gastar. Por ejemplo, este gobierno se comprometió a invertir más de S/.8.000 millones en obras de agua y saneamiento. Sin embargo, la capacidad de gasto de Sedapal ha sido tan deficiente, que en el 2013 solo ejecutó S/.403 millones de los S/.783 millones disponibles.

Por otro lado, cotizar en la bolsa obligaría a la empresa a cumplir con estándares mínimos de transparencia y buen gobierno corporativo, lo cual se traduce en que todo el mercado estará más atento al desempeño de la compañía. Así sucedió, por ejemplo, con Ecopetrol en Colombia, la cual, luego de ser privatizada, se convirtió en la entidad pública de petróleos de la región con el mejor y más transparente manejo de recursos, y que hoy cuenta con al menos medio millón de inversionistas.

En el caso chileno tenemos otro buen ejemplo. Según un informe del año pasado del Instituto Peruano de Economía (IPE), Aguas Andinas –la compañía que proveía de agua potable y alcantarillado a Santiago de Chile– antes de su privatización tenía el mismo número de conexiones que Sedapal y no abastecía a todas las zonas de la capital. Once años después de permitir la participación de los privados, no solo tuvo una cobertura del 100%, sino que, además, redujeron el costo operativo por conexión. 

Esto contrasta con la gestión de Sedapal, que solo ha aumentado su cobertura en 20%, sus tarifas se han incrementado en 47% y el costo operativo por conexión es 52% más alto que el de Aguas Andinas.

En el plano nacional, una situación parecida sucedió con la telefonía y las empresas eléctricas, las cuales, 12 años luego de su privatización en los años 90, aumentaron sus coberturas en 168% y 56%, respectivamente, y redujeron sus tarifas significativamente.

Lo rescatable de esta situación es que Sedapal ha venido firmando convenios de asociaciones público-privadas (APP), como el proyecto de La Chira o Taboada. Por ello, si la decisión del gobierno es repensar la idea de abrir la participación de los privados, quizá sea una buena oportunidad de revisar todo el modelo de negocio, como aumentar el tope de 49% que se discute o simplemente privatizarla del todo. El riesgo de no hacerlo sería mantener un servicio inadecuado, con una cobertura limitada y que las tarifas no bajen.