(Foto: Giancarlo Ávila)
(Foto: Giancarlo Ávila)
Editorial El Comercio

Han pasado 48 horas desde que el incendio de una unidad de la empresa en un establecimiento ubicado cerca del otrora , en , acabara con la vida de 17 personas e hiriera a otras 16, y el humo que recubre algunas cuestiones clave de la tragedia todavía no se ha esfumado. Hasta hoy, no se sabe con exactitud ni cómo se inició el fuego, ni qué falló en el control de las autoridades –es obvio que algo no anduvo bien– para que una escena como la que vimos el domingo no vuelva a repetirse.

Y sin embargo, los actores que tienen cuotas de responsabilidad en el siniestro se han dedicado a señalarse entre sí, enredando aun más un asunto que, por su propia naturaleza, es ya una maraña.

Antes de todo, es necesario dejar en claro que el peso por los 17 fallecidos recae principalmente en la empresa Sajy Bus. Pues, aun cuando esta contaba con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para operar, no debió hacer uso de un establecimiento que, según la municipalidad de SMP, había sido clausurado temporalmente hace poco más de un mes luego de que se detectara que en el sitio se vendía combustible. De confirmarse, además, la tesis de que el vehículo transportaba gasolina –algunos sobrevivientes han contado que había un fuerte olor a carburante antes del incendio–, las responsabilidades legales de sus directivos y de los trabajadores directamente involucrados se agravaría sustantivamente.

Es en torno a las competencias y responsabilidades de las distintas autoridades que tienen participación en el caso en que las cosas empiezan a nublarse. Principalmente por las acusaciones cruzadas entre el MTC y la comuna de SMP sobre la pregunta esencial: ¿quién debió evitar que el bus estuviera en el lugar en el que ardió?

El ministro de Transportes, Edmer Trujillo, afirmó el lunes que dicha prerrogativa le competía al municipio. “Este no es un terminal autorizado por el ministerio”, indicó ante la prensa. “La competencia para poder clausurar este paradero, este terminal, es de la municipalidad”, añadió.

La réplica vino de parte del burgomaestre de SMP, Julio Chávez, quien sostuvo, primero, que el establecimiento donde se incendió el bus de Sajy había sido cerrado el último 21 de febrero por su gestión, y segundo, que sus facultades distritales no le permiten fiscalizar el transporte interprovincial. Ayer, además, el alcalde exhibió en una entrevista en ATV un ‘certificado de habilitación técnica’ de mediados del año pasado con el que el MTC había autorizado que el lugar funcionara como terminal. “La municipalidad, bajo mi administración, le ha denegado [el permiso] porque a todas luces ese garaje no cumple las condiciones para ser un terminal terrestre”, dijo. Si es cierto que la comuna no había dado su anuencia para que el sitio sea un terminal y que, además, el mismo había sido clausurado para cualquier otro uso, solo cabe preguntarse por qué entonces no se preocuparon por constatar con fiscalizadores en el terreno si, efectivamente, lo dispuesto en el papel se cumplía.

Del mismo modo, y más allá de los intersticios legales, ¿cómo es posible que más de ocho meses después de haber dado el visto bueno para que el sitio fuese un terminal, el MTC no pudo comprobar si se cumplía lo que el solicitante declaró bajo juramento para tramitar la licencia? (El hecho de que la ley disponga como único filtro para que un terreno se convierta en un terminal la presentación de una declaración jurada es otro asunto sobre el que se debe reflexionar).

Como es obvio, además, uno de los dos, o el alcalde (que dice que el MTC sí autorizó el terminal) o el ministro (que sentencia expresamente lo contrario), ha faltado a la verdad. Es solo cuestión de tiempo para que sepamos quién miente.

Y la empresa dueña del sitio, que según la municipalidad sería la Empresa de Transporte Vía Norte S.A.C., tampoco ha salido a dar las explicaciones del caso.

Si a ello sumamos las declaraciones que dio ayer el presidente Martín Vizcarra en el sentido de que el incendio “es por culpa de todos” (lo que en buena cuenta equivale a decir que es culpa de nadie, pues solo sirve para mantener en el éter las posibles responsabilidades), lo que tenemos es un genuino enredo en donde todos se señalan con el dedo y nadie asume nada. Es decir, una tragedia encima de la otra.