"El país necesita más que nunca un llamado sincero a la calma y un retorno a las formas democráticas, con condena enfática a la violencia de cualquier tipo venga de donde venga, si pretende salir airoso de estos retos para su institucionalidad". (Ilustración: Giovanni Tazza).
"El país necesita más que nunca un llamado sincero a la calma y un retorno a las formas democráticas, con condena enfática a la violencia de cualquier tipo venga de donde venga, si pretende salir airoso de estos retos para su institucionalidad". (Ilustración: Giovanni Tazza).
Editorial El Comercio

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Los últimos años han tensado al máximo los pilares institucionales que sostienen la democracia en el Perú. En este contexto, con cuatro presidentes y una disolución del a cuestas desde el 2016, cabía la esperanza de que las elecciones generales de este año dieran la oportunidad para una normalización de la política que rompiera con el tumultuoso pasado inmediato y dotara de legitimidad y estabilidad a una clase política desprestigiada. Lamentablemente, la conformación del Congreso, lo estrecho del margen de diferencia entre ambos finalistas de segunda vuelta, las posturas anticonstitucionales de miembros del eventual partido ganador y la actitud del grupo político que enfrenta ahora una derrota electoral inminente convirtieron lo que podía ser la oportunidad de regresar a las formas democráticas tradicionales en la probable continuación del proceso del deterioro de los últimos cinco años.

El episodio más reciente de esta espiral de erosión institucional han sido los ataques en contra de los ministros de Salud, , y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, . El miércoles de esta semana, el ministro Ugarte denunció que simpatizantes de Fuerza Popular rodearon y agredieron con palos y piedras su vehículo oficial mientras se dirigía a Palacio de Gobierno. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que la ministra Fernández también fue víctima de agresiones.

Como era esperable, la violencia física ha merecido la condena desde diferentes instituciones. Mientras que la Defensoría del Pueblo destacó que el derecho a la protesta en un sistema democrático “es incompatible” con toda expresión de violencia, la PCM indicó que el derecho a expresarse libremente no incluye la posibilidad de “agredir a otras personas ni afectar los bienes públicos y privados”. La propia candidata declaró que “ rechaza todo acto de violencia que se haya realizado el día de hoy [miércoles] contra miembros de la prensa, la propiedad privada y el automóvil del ministro de Salud”. Agregó que espera que se identifique a los responsables.

Pero el problema es que este no es un caso aislado. Antes, durante y después de la segunda vuelta, la violencia ha estado presente, con víctimas y victimarios de ambos lados. Las agresiones a la prensa tras un mitin de hace unos meses son un ejemplo de ello.

Lo cierto, sin embargo, es que este tipo de actitudes criminales son el resultado de un ambiente político tóxico que ha sido alimentado por semanas, y los responsables inmediatos son los propios políticos. La circulación de noticias falsas, el abuso de las figuras legales y la demonización del oponente permiten que se normalicen situaciones como las execrables arengas de contra sus adversarios políticos (hasta con pedidos de muerte) y los medios de comunicación, o el hervidero de epítetos en que se han convertido las redes sociales. Y, tarde o temprano, la irresponsable voluntad de desconocer las formas democráticas se vuelca en turbas y violencia.

Si el país quiere evitar más años de inestabilidad y enfrentamientos destructivos, la normalización de las relaciones entre políticos y ciudadanos con visiones distintas debe empezar ya. Es la fuerza de los cauces institucionales lo que evita que las naciones caigan en la ley del más fuerte y el desgobierno crónico. Perder el respeto por las autoridades públicas, los opositores políticos, la prensa y, en general, cualquier persona o institución que parezca interponerse en el camino es equivalente a emprender un esfuerzo por desmantelar los tejidos más básicos de la sociedad.

Lo que se viene no será fácil, y muy posiblemente volverá a tensar las relaciones políticas. Las batallas por el Tribunal Constitucional, por el llamado a una eventual asamblea constituyente y otras que se ven en el horizonte inmediato anticipan tiempos complicados. El país necesita más que nunca un llamado sincero a la calma y un retorno a las formas democráticas, con condena enfática a la violencia de cualquier tipo venga de donde venga, si pretende salir airoso de estos retos para su institucionalidad.