Editorial: Dejarla desaparecer

“La única manera de liberarse de una tentación es caer en ella”, decía el escritor irlandés Oscar Wilde. En línea con la reflexión, el Gobierno Peruano parece estar convencido de que debe liberarse de algunas tentaciones. Y entre los vicios más comunes, destaca siempre la actividad empresarial del Estado.

Se ha visto ya voluntad política para regresar a Petro-Perú a la explotación de lotes de hidrocarburos –tema sobre el cual hemos editorializado largamente–. Y esta semana se anunció, además, que el banco agropecuario del Estado, Agrobanco, recibió un incremento de capital de S/150 millones por parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) –el holding de empresas públicas–.

La operación es una mala idea y una peor señal por varios motivos. Para empezar, el desempeño de Agrobanco en los últimos años ha sido cuestionable, por decir lo menos. Solo durante el 2016, la institución registró una pérdida contable de S/95 millones “ante las expectativas de incumplimiento en las obligaciones” de una parte de sus prestamistas. Asimismo, en el último quinquenio, los créditos en cobranza judicial se incrementaron en 60%. Respecto de la situación financiera de Agrobanco, hace apenas tres meses el propio ministro de Economía, Alfredo Thorne, comentó que “parece que hubiera salido de una pelea de box”.

Peor aun, según el propio presidente de la institución, Richard Hale, el “49% de su cartera está concentrada en un grupo muy pequeño de empresarios que, por su naturaleza, no debían estar en Agrobanco”, sobre todo pequeños y medianos productores; no minifundistas. De hecho, existe una empresa con un préstamo de más de S/60 millones.

En otras palabras, un banco estatal creado en teoría para dar oportunidades de financiamiento a los campesinos pobres ha terminado concentrado en un reducido grupo de beneficiarios ilegítimos, que acceden a préstamos más baratos que los del mercado gracias a los impuestos de los contribuyentes, y que pagan tarde, mal y nunca sus deudas. Es decir, nada muy novedoso para la banca de fomento estatal.

Y es que, más allá de la gestión particular de Agrobanco y su situación económica en un determinado año, lo debatible es su esencia como empresa estatal. En primer lugar, es inevitable la pregunta respecto a su enfoque sectorial. ¿Por qué deberían, pues, recibir facilidades financieras –a costo de los contribuyentes– los empresarios agrarios y no los empresarios transportistas, bodegueros o ferreteros? 

En segundo lugar, el subsidio estatal a la actividad privada permite que se emprendan negocios poco rentables o muy riesgosos que, de otro modo, no existirían. En un mercado privado saludable y competitivo, la tasa de interés a la que accede el empresario debe reflejar en parte el riesgo de su negocio. El banco tiene los incentivos para prestar solo a una tasa suficientemente alta, y el empresario los incentivos para tomar el crédito solo a una tasa suficientemente baja. En un mercado distorsionado por crédito barato pagado por impuestos, en cambio, estos incentivos –así como la posibilidad de competir en el sector financiero– desaparecen. 

En tercer lugar, el riesgo del manejo inadecuado para beneficios políticos siempre está presente en una institución de esta naturaleza. Según Apoyo & Asociados, firma vinculada a Fitch Ratings, “al ser un banco estatal, [Agrobanco] siempre va a estar expuesto a la injerencia política y la posibilidad de cambios en la legislación. Además, al atender exclusivamente al sector agropecuario, presenta el riesgo del no pago de los créditos por decisiones políticas populistas”.  

Hace mal, pues, el gobierno en caer en la tentación de dar oxígeno financiero a una institución con tamañas limitaciones y riesgos. En este caso, contrario al consejo de Wilde, la mejor manera de no caer en la tentación es dejarla desaparecer.