Editorial: Democracia al 100%

La práctica de culpar al árbitro o a las reglas de juego por los resultados adversos obtenidos no es privativa de los eventos deportivos. Se trata de una mala costumbre que fácilmente puede ser trasladada a otras arenas competitivas, como bien lo han demostrado varios de nuestros políticos a lo largo del proceso electoral que culminó recientemente. 

Desde Alan García y su teoría de confabulación entre encuestadoras y los medios que difundían los sondeos para perjudicarlo, pasando por Julio Guzmán y su hipótesis de una “mano negra” que lo excluyó de la carrera electoral, más de un postulante al sillón presidencial encontró justificaciones en cualquier lugar menos al interior de su partido y en su propio desempeño para el fatal destino al que arribó su candidatura.

El partido que quedó en segundo lugar en estas elecciones, Fuerza Popular (FP), no estuvo exento de tales malos hábitos, una vez conocida su suerte en el balotaje. Keiko Fujimori mostró un primer síntoma con su disforzada aceptación de los resultados electorales a los que calificó de “confusos”, mellando, de esa forma, el discurso previo por el que aceptaba “democráticamente los resultados de la ONPE”.

Pero si el mensaje de la lideresa de FP fue –valga la redundancia– confuso en torno a si representaba un abierto cuestionamiento o no al proceso electoral, las declaraciones de otros representantes de su partido fueron más esclarecedoras en su propósito. La congresista Martha Chávez, por ejemplo, aprovechó la coyuntura de una polémica jugada que valió el triunfo de la selección peruana de fútbol para comentar vía Twitter: “Aun cuando creo que Ruidíaz no metió el gol con la mano, no tengo duda de que PPK sí ganó la presidencia con ‘metida de mano’ y no la ‘de Dios’”. La propia señora Chávez reiteró el miércoles en una entrevista a este Diario sus cuestionamientos al proceso electoral al indicar que “ha habido irregularidades y malas artes”.

A esta tesis se sumó el también congresista reelecto por el fujimorismo Luis Galarreta, quien afirmó que Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones “en la mesa”, sin precisar el sustento de dicha aseveración. Como tampoco indicó el congresista Héctor Becerril en qué se basó al hacer suyo el rumor de una supuesta injerencia del gobierno para obstaculizar que efectivos policiales acudieran a votar, lo que a su entender, “influenció en el resultado”. Una grave omisión argumentativa sobre todo si se tiene en cuenta que, como lo aclaró la propia Policía Nacional, no hubo ninguna orden para esa institución distinta a la que corresponde y se aplica desde hace varios años en todos los procesos electorales.

Más allá de las motivaciones políticas que subyacen a estos mensajes, sea para ensombrecer el triunfo del contrincante o para intentar paliar su derrota, este tipo de imputaciones sin fundamento hace un flaco favor a la democracia. Un país que nunca antes ha podido contabilizar cuatro elecciones democráticas consecutivas no debería darse el lujo de tener a sus líderes políticos poniendo gratuitamente en duda la legitimidad de sus procesos electorales.

En este contexto, el fujimorismo debería ser el primer interesado en evitar estas insinuaciones, no solo por la mochila histórica de los hechos de corrupción que involucraron a las entidades electorales durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino también porque las manchas que vierten sobre el proceso electoral, salpican por igual los sufragios de los más de ocho millones de ciudadanos que votaron por FP.

Así como no puede hablarse de elecciones “semidemocráticas”, tampoco puede haber elecciones válidas solo para el 50% de la población. El respeto por la institucionalidad de un proceso electoral y sus resultados es una exigencia mínima para cualquier persona que participa en él y para todas las fuerzas políticas que aspiran a continuar representando a la ciudadanía en el futuro. Ese respeto es también una premisa irrenunciable si queremos aspirar a una democracia aceptada por el 100% del país.