El último miércoles, el Congreso de la República votó en contra de la cuestión de confianza presentada por el renunciante ministro de Economía, Alfredo Thorne. (Foto: Alonso Chero/El Comercio).
El último miércoles, el Congreso de la República votó en contra de la cuestión de confianza presentada por el renunciante ministro de Economía, Alfredo Thorne. (Foto: Alonso Chero/El Comercio).
Editorial El Comercio

La fiscalización al Ejecutivo que ejerce el Parlamento tiene una doble función. Por un lado, los legisladores llevan a cabo un control político de los funcionarios públicos. Así, decisiones gubernamentales que de alguna forma traicionen la confianza política que el Congreso depositó sobre los miembros del Gabinete –y que no necesariamente son delito– se pueden pagar con el cargo del ministro cuestionado. Por otro lado, el Congreso también fiscaliza al Ejecutivo para asegurar que el gobierno alcance los objetivos de gestión planteados. Un Gabinete sin errores políticos, pero que no tiene méritos administrativos, difícilmente merece la confianza del Legislativo.

La reciente salida de del responde al primer tipo de control parlamentario. Como se sabe, el ex titular del MEF fue acusado de condicionar transferencias presupuestales a la contraloría a un tratamiento favorable de parte de esta para el proyecto del aeropuerto de Chinchero. Si bien que motivaron la renuncia de Thorne no revelan delito alguno, sí denotan una impericia política que un Congreso controlado por la oposición podía aprovechar.

Pero, ¿y qué de la gestión administrativa de Thorne? Si lo que estuviese en evaluación no fuese su maña política, sino sus logros reales frente al MEF, ¿cuál debiera haber sido la evaluación del Congreso? Aquí la cuestión es menos clara, pero algunos indicadores saltan a la vista.

Quizá el más preocupante sea la consistente caída de la inversión privada. Es justo reconocer que esta viene contrayéndose desde el 2014 y que dar la vuelta a esta tendencia no es tarea fácil ni inmediata, ni depende absolutamente de lo que pueda hacer el Ejecutivo. Sin embargo, en un gobierno con aura tecnocrática que empezó con altas expectativas de ser pro inversión, una caída de 5,6% de la inversión privada durante el primer trimestre de este año es desesperanzadora.

El último reporte del BCRP, publicado hace una semana, proyecta que la inversión privada cerraría el 2017 con una contracción de 1,8%, y es casi un hecho que el mercado laboral no llegará a generar los 300.000 empleos formales por año que prometió la actual administración, ni mucho menos; cifras poco auspiciosas para un gobierno que basaba parte de su capital político en la reactivación económica a partir de la empresa privada y el empleo formal.

Los números no se ven mucho mejores en la inversión pública, con el agravante de que esta sí depende, en mucho mayor medida, de lo que se pueda hacer desde el MEF. Hoy la mayoría de economistas coincide en que la contracción del gasto público durante el último trimestre del año pasado fue un error. Para compensarlo, el ministerio proyectaba un crecimiento anual de la inversión pública de 15% a inicios de año. Entre enero y mayo, sin embargo, esta se ha contraído en 9,9%.

En cuanto a las reformas estructurales, se pueden encontrar algunos aciertos y otras medidas –las más abundantes– que difícilmente pasan de ser buenas intenciones con resultados inciertos. Entre los primeros destacan la reorganización de Pro Inversión y la sustitución del SNIP por Invierte.pe para recortar los tiempos de los proyectos de inversión pública y enfocarlos en el cierre de brechas. Entre las segundas, el régimen tributario especial para las mypes y la reforma laboral, previsional y de salud encargada a la Comisión de Seguridad Social.

En agregado, la gestión del ministro Thorne parece haberse quedado corta de cumplir con las altas expectativas que la ciudadanía le concedió y que el mismo gobierno asumió como suyas. Su salida del ministerio no obedece a estas consideraciones, pero ciertamente –para quien se ciña ahora su fajín– las lecciones que deja su paso por el MEF no se deben limitar a tener más tino político al momento de conversar sobre asuntos delicados con otro funcionario público.