Editorial: Destornillador judicial

El nuevo intento de reforma del sistema de administración de justicia en el Perú probablemente enfrentará –como los emprendimientos que lo precedieron– muchos desafíos y no pocas trabas.

Sin soslayar los obstáculos de índole político o económico que pudieran surgir y sin desconocer el buen trabajo que han venido desarrollando algunos magistrados y fiscales honestos, uno de los problemas más grandes que la iniciativa de reforma deberá sortear es el de la oposición que, directa o soterradamente, ofrecerán aquellos jueces y fiscales que han convertido el aparato judicial en una herramienta para favorecer intereses particulares. Una batalla en la que, con seguridad, contarán con el apoyo de los distintos grupos que, tanto dentro como fuera del Poder Judicial, se han visto favorecidos por su corrupto proceder.

Los audios difundidos en las últimas semanas han mostrado a un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) presto a nombrar y ratificar magistrados –luego de vergonzosos y subjetivos exámenes– en función a los beneficios que podían obtener a cambio. Pero lo que se ha destapado es apenas una pequeña muestra de un esquema mucho más grande donde tienen gran cabida el tráfico de influencias y la mala práctica profesional.

No sorprende, así, que año a año nos hundamos más en una crisis institucional. El Perú ocupa, actualmente, el puesto 106 en independencia judicial, el lugar 89 por pagos irregulares y sobornos, y un penoso puesto 116 de un total de 137 países en lo que respecta a instituciones, según el último Índice de Competitividad Global.

La remoción de todos los miembros del CNM, aprobada por el Congreso el último viernes, es un buen primer paso en el tránsito a la mejora. Al que se añade un segundo con la declaratoria de emergencia de la institución por nueve meses decidida la noche del lunes por el pleno. El siguiente paso, entonces, debe ser la aprobación de un sistema de elección –el concurso público de méritos podría ser una opción pertinente que debe discutirse– que garantice que los nuevos consejeros sean personas idóneas, ética y profesionalmente, con suficiente conocimiento y aptitud para elegir, ratificar y, especialmente, destituir a jueces y fiscales. Es decir, todo lo opuesto a lo que ha venido sucediendo hasta el momento.

Asimismo, se debe cambiar el sistema de evaluación de magistrados, de modo tal que se erradique la arbitrariedad con que hoy se maneja. Solo con concursos transparentes y confiables, podrán empezar a postular al Poder Judicial y Ministerio Público profesionales capaces y honestos.

También es indispensable revalorizar la carrera judicial, lo que no pasa únicamente por un tema remunerativo –sin duda, importante–, sino además por mejorar la infraestructura con la que trabajan jueces y fiscales, generar más transparencia en su quehacer (los expedientes judiciales deberían estar digitalizados, y los dictámenes y sentencias siempre accesibles al público en general, para advertir prontamente cuándo un funcionario como el suspendido vocal César Hinostroza está maltratando tanto el Derecho como a sus justiciables) y premiar a quienes realizan una buena labor, como el juez Cerapio Roque y la fiscal Rocío Sánchez, que permitieron las interceptaciones telefónicas a los envilecidos funcionarios.

De lo que se trata, pues, es de generar un efecto de arrastre. Que óptimos consejeros permitan mejorar el aparato judicial y queden solo los mejores jueces y fiscales. Y estos, a su vez, atraigan a la carrera judicial a nuevos valores, formándose un círculo virtuoso, como sucede en otros países, donde los magistrados son los más reputados de todo el sistema legal, y sus puestos son los más codiciados por los egresados y profesionales del Derecho. Esperemos que haya novedades en este sentido cuando en los próximos días el presidente dé a conocer la propuesta del grupo de notables encargados de la reforma de justicia.

Es posible soñar con una maquinaria judicial prestigiosa, predecible y proba. Pero para ello, es indispensable retirar primero del banquillo de los magistrados a quienes han permanecido atornillados en sus asientos gracias a un sistema depravado.