Editorial: El destrabe del destrabador

Si bien es natural que en las últimas semanas toda la atención haya estado en la crisis política que nos toca vivir, también es cierto que ello no implica que los otros desafíos de nuestro país se hayan detenido. Y al decidir posar nuestra mirada en ellos es inevitable concluir que una de las áreas en las que no se pudo satisfacer las expectativas para el 2017 es la económica. Además del poco dinamismo del mercado de empleo formal, la débil recuperación de la inversión privada acumulada y el impulso insuficiente de la inversión pública a partir de la reconstrucción del norte, tenemos que el caso más emblemático de la lista de expectativas no satisfechas se refiere a los problemas que el proceso de destrabe de grandes proyectos de inversión ha encontrado en el camino.

Como se recuerda, a finales del 2016, el entonces ministro de Economía Alfredo Thorne hizo del llamado destrabe un eje central del plan de acción del MEF durante el 2017 y un componente fundamental en las proyecciones de crecimiento anual. Sin embargo, transcurridos ya algunos meses de gestión, el propio ministro reconoció que la labor había resultado más complicada de lo anticipado. “Nosotros en la campaña quizá fuimos optimistas y dijimos que íbamos a destrabar gran parte de estos proyectos. Pero estos US$18.000 millones de proyectos que nosotros nos propusimos en la campaña, la verdad, con toda sinceridad, están muy trabados”, señaló en abril.

A pesar de algunos recientes logros durante la segunda mitad del año que se va, la verdad es que el avance del 2017 ha sido insuficiente. Por un lado, durante el 2016, el gobierno priorizó 13 proyectos de inversión por un monto de US$14.375 millones. De estos, se han logrado adendas, aprobaciones y acuerdos para movilizar US$7.021 millones; es decir, poco menos de la mitad. Gran parte de la diferencia corresponde a proyectos cancelados o suspendidos como el aeropuerto de Chinchero o el gasoducto sur peruano, que suman aproximadamente US$5.000 millones.

Más importante aun, el avance físico de los proyectos “destrabados” ha sido lento. Es la situación de la segunda pista y nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que recién se empezaría a construir en la segunda mitad del 2018, si todo va de acuerdo con lo planeado. Y es, sobre todo, la situación de la línea 2 del metro de Lima, por lejos el proyecto más grande del grupo de “destrabados” con US$4.531 millones y que avanzó poco este año.

Es justo reconocer que el Ejecutivo ha tenido esfuerzos para acelerar las inversiones. Entre ellos está, por ejemplo, la propuesta de creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), entidad que se encargaría de sanear los terrenos necesarios para las inversiones. Sin embargo, la iniciativa dormita –en una versión u otra– en el Congreso desde inicios de año.

Y la lista sigue engordando. En el 2017 se han adjudicado cuatro proyectos por US$376 millones, entre los cuales están la hidrovía amazónica (US$95 millones) y las líneas de transmisión eléctrica de enlaces Mantaro y Nueva Yanango (US$272 millones). Asimismo, durante el 2018 se espera adjudicar el anillo vial periférico (US$2.049 millones), entre otros proyectos.

Así pues, sumados a los proyectos que vienen de años anteriores, son decenas de miles de millones de dólares los que el gobierno tendrá la responsabilidad de poner en marcha próximamente. No se trata únicamente del impacto de la inversión sobre el PBI; se trata sobre todo de proyectos que deben estar orientados a mejorar la calidad de vida de la población y la competitividad del país. Es por eso que haría bien la administración no solo en concentrarse en sacarlos adelante sin mayores retrasos, sino también en mantener –esta vez sí– expectativas realistas sobre su tiempo de ejecución.