Editorial: En diferido

No hay causa única para la informalidad en el Perú. Los especialistas en el tema han ensayado explicaciones que van desde patrones culturales firmemente arraigados hasta los sobrecostos laborales. La informalidad es, pues, resultado de un mosaico de limitaciones y taras de la sociedad peruana antes que una condición unidimensional y de simple diagnóstico. 

Aun en este contexto, no obstante, es justo reconocer y saludar las medidas que –en alguna extensión– pueden ayudar a más personas y negocios a transitar desde la informalidad hacia el amparo de las normas, derechos y deberes legales. La reciente propuesta en evaluación por la Sunat para introducir el pago diferido del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las mypes que vendan a crédito –sin que paguen intereses al ente recaudador por ello– va en este sentido. 

Como se sabe, hace unos días el jefe de la Sunat, Martín Ramos, informó que el objetivo de esta iniciativa sería darles más liquidez a las pequeñas y microempresas. En la medida en que las espaldas financieras de las mypes pueden ser insuficientes para afrontar una obligación tributaria sin antes haber recibido los ingresos por ventas, la eventual norma debería hacer más atractiva la formalización empresarial. 

Con ello, además, se atiende un pedido concreto de las mypes, conforme fue destacado hace unos meses en este Diario a raíz de un informe de Contribuyentes por Respeto, en el que se daba cuenta que, en países como Chile, las mypes tienen 60 días para pagar el referido impuesto. Así, habida cuenta del espacio y énfasis que recibe la preocupación por los pequeños empresarios en sus discursos de campaña, es de esperar el respaldo de los candidatos presidenciales en contienda. La señora Keiko Fujimori, en particular, planteaba de manera similar periodos de gracia a favor de las mypes para el pago del IGV.

La formalización, pues, no busca únicamente generar más ingresos para el fisco (asunto que, por supuesto, es clave de por sí). Casi 9 de cada 10 mypes son informales en el Perú, y relativamente pocas de ellas sobreviven los primeros dos años de operación. Su productividad y los salarios que ofrecen son bajos (los empleados formales ganan, en promedio, 113% más que los informales) y su acceso a capital es limitado o demasiado costoso. No hay que ser demasiado perspicaz para comprender que si más de la mitad de la PEA ocupada en el Perú trabaja en negocios de este tipo, las oportunidades de crecimiento y desarrollo en el mercado laboral son débiles, por decir lo menos.

Como decíamos al inicio, sin embargo, la miríada de aspectos que explican la informalidad no se agotan con la mayor liquidez relativa de la que eventualmente gozarían algunas mypes. En el aspecto tributario, la actuación de la Sunat en general tiene aún mucho espacio de mejora para motivar a los informales a emitir un comprobante o sacar un RUC.

El amplio margen de discrecionalidad del que dispone a la fecha la Sunat para interpretar y sancionar duramente a los supuestos infractores es un claro desincentivo para la formalización. En la medida en que los contribuyentes continúen siendo vistos como evasores potenciales antes que como aliados estratégicos en la generación de ingresos, se puede esperar poco de la actitud de estos hacia el ente recaudador.

Tanto el equipo de Peruanos por el Kambio como el de Fuerza Popular han prometido que la Sunat tendría un rol más “amigable” en un eventual gobierno suyo. Sin embargo, con costosas promesas electorales que financiar y sin una hoja de ruta clara y concreta sobre los esquemas de incentivos a reformular en la Sunat, por el momento sus propuestas suenan poco convincentes.

Es oportuno, entonces, animar a la Sunat y a las autoridades políticas pertinentes a seguir adoptando medidas concretas que hagan más fácil la labor de los contribuyentes, pero a la vez mantener en perspectiva que los determinantes de la informalidad tienen raíces más profundas y complejas. Los candidatos recién empiezan a averiguarlo.