Editorial: Dime con quién andas…

Este último miércoles se produjo el inminente “paso al costado” del secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien pidió una licencia temporal del cargo para –según sus palabras– no ser el instrumento con el que pretenden dañar políticamente a la candidata presidencial Keiko Fujimori.

La licencia se produce tres días después del informe periodístico del programa “Cuarto poder” sobre una investigación de la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos) que lo involucraría. Si bien la señora Fujimori aceptó y saludó la decisión de Joaquín Ramírez de dar ese paso lateral, que esta reacción se haya producido recién al tercer día expone los malos reflejos de la candidata y su agrupación, y tiene la apariencia de ser, más bien, una movida electoral a regañadientes, sobre todo si se tiene en cuenta que en los días previos el partido naranja cerraba filas en torno a su secretario general. El candidato a la vicepresidencia José Chlimper llegó a afirmar cuando se le preguntó si el todavía congresista Ramírez sería separado: “De ninguna manera. El señor Joaquín Ramírez es el secretario general, colabora fuertemente con el partido y si estoy yo aquí dando la cara fue porque yo he hecho todas las gestiones y recibí la indicación de Keiko a las cinco de la mañana”.

Esta salida –además voluntaria– resulta ser, pues, una decisión tan tardía como poco convincente por parte de un partido cuya candidata ha dedicado denodados esfuerzos durante su campaña a mostrar un distanciamiento con el pasado fujimorista y sus vicios. La denuncia periodística en sí misma y el respaldo inicial a Ramírez posiblemente hagan recordar a los electores que en la mochila histórica del fujimorismo no solo pesan los delitos contra los derechos humanos y los atentados contra la democracia, sino también los vínculos con el narcotráfico.

Pero más desconcertante que los gestos políticos antes comentados y su oportunidad es que FP no haya tomado las precauciones para investigar a fondo a una persona con serios cuestionamientos que anteceden a la denuncia periodística del domingo pasado.

Como se recuerda, ya en el 2014, la Procuraduría de Lavado de Activos investigaba a Joaquín Ramírez, acusado por poseer “un inmenso patrimonio inmobiliario al que se suman millonarias inversiones y acciones, en personas jurídicas, que no guardan relación con sus ingresos iniciales”. A finales del 2015, la fiscal provincial Rosana Villar Ramírez inició el trámite para el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

A inicios de año, este Diario dio cuenta de una acusación de la comunidad campesina de Chepén en contra de Ramírez por una supuesta falsificación de un certificado de posesión de tierras, con el fin de gestionar agua y electricidad para un terreno de 1.183 hectáreas. Y hace unas semanas, el semanario “Hildebrandt en sus trece” revelaba dos propiedades de Ramírez en Miami, por un valor de US$2 millones, no declaradas en su hoja de vida.

Keiko Fujimori ha manifestado no conocer sobre el patrimonio, propiedades o cuentas bancarias de Joaquín Ramírez. “Jamás le he preguntado ni a él ni a otros participantes de nuestro grupo político sobre sus negocios o patrimonio” fue su afirmación, la que lleva a preguntarse inmediatamente cómo no indagar a fondo a una persona con un vertiginoso y poco claro incremento patrimonial y serias denuncias en su contra. Más aun, ¿cómo no hacerlo cuando se decidió que representara a dicha agrupación política en el Congreso, se le otorgó un puesto tan alto en su estructura partidaria y cuando parte de ese caudal económico bajo cuestionamiento está poniéndose a disposición y beneficio del partido que la postula a la presidencia?

Negligencia puede ser la menos dañina de las explicaciones para los intereses de Keiko Fujimori y FP. Pero mientras las investigaciones siguen su curso, la más grave revelación, hasta ahora, parece ser que tanto la transparencia como la licitud de los fondos que perciben y de las personas que los rodean, son las menores de las preocupaciones para la candidata y su partido.