Editorial: Dinosaurios ideológicos

Hace un par de días se presentó en Lima el Informe Mundial sobre las Inversiones, que cada año publica la objetivos del milenio”) es imprescindible que se aumente de manera dramática la participación privada en los sectores vinculados a estos objetivos; por ejemplo, en agua y saneamiento, energía, infraestructura de transporte, salud, educación o gestión de la biodiversidad. 
Según el informe, con los actuales niveles de inversión en sectores vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible, los países en desarrollo enfrentan una brecha anual de US$2,5 billones. Y esta brecha sería incapaz de ser cerrada solo con inversión pública, pues los estados simplemente no cuentan ni con los recursos ni con la capacidad de gestión para manejar la ejecución de dichos montos. 
No obstante esta necesidad, señala la Unctad, actualmente solo una fracción del capital de empresas multinacionales, bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros, fundaciones y otras instituciones privadas se encuentra invertida en estas áreas claves a lo largo del mundo. Y su participación es incluso menor en países en desarrollo, especialmente en los más pobres, lo cual complica poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
El Perú, de hecho, es un ejemplo de esta situación. En muchos de estos sectores, la participación privada es relativamente baja o inexistente, a pesar de que es claro que el Estado no se encuentra en capacidad de asumir las metas de inversión que habría que alcanzar para brindar servicios adecuados a la población.
Ahí tenemos, por ejemplo, a las empresas de agua potable. Prácticamente, todas son de propiedad pública y, a pesar de su terrible desempeño, se sigue insistiendo en ese modelo en vez de privatizarlas como en su momento se hizo con las industrias de telecomunicaciones (aunque hay que resaltar que el ministro Von Hesse declaró hace poco que era necesario terminar con esta situación). En el sector eléctrico, esto también sucede de manera parcial, pues aún existe una cartera muy importante de empresas eléctricas en manos del Estado. En el mercado petrolero la historia de Petro-Perú es más que conocida. A pesar de que su existencia es abiertamente inconstitucional, sucesivos gobiernos han insistido en mantenerla en el negocio de la refinería y cada cierto tiempo tientan la posibilidad de expandir sus actividades. Muchos puertos y aeropuertos, por otro lado, siguen esperando pasar a manos privadas sin que nada suceda. Los ejemplos, en fin, podrían seguir.
¿Por qué se sigue impidiendo o restringiendo la participación privada en estos sectores en nuestro país a pesar de que, como señala la Unctad, ni aquí ni en el resto del mundo es posible cubrir las necesidades de la población tan solo con participación pública?
Parte de la explicación es que en el Perú aún caminan los dinosaurios. Los ideológicos, por supuesto. Aquellos que siguen sosteniendo que en estas áreas se debe excluir a los privados porque “se trata de sectores estratégicos”. Y, lamentablemente, estos seres prehistóricos siguen teniendo algo de influencia en la formulación de las políticas públicas peruanas.
Lo estratégico, sin embargo, es que se satisfagan las necesidades de los ciudadanos y no que las satisfaga el Estado. Y la evidencia mundial, como ha señalado la Unctad, demuestra que es imposible para cualquier Estado hacerlo sin la participación del sector privado. 
Claro que, en nuestro país, tampoco era necesaria la evidencia de la Unctad. Toda persona que haya vivido en el Perú en las últimas décadas ha podido presenciar el fiasco financiero y de gestión que ha protagonizado la gran mayoría de empresas estatales. Pero, lamentablemente, los dinosaurios siguen caminando en el Perú e impidiendo que millones de peruanos mejoren su calidad de vida.