Editorial: Dos procesos, un camino

Cuando en febrero de este año se conocieron las revelaciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, respecto al soborno de US$20 millones que la constructora brasileña habría pagado al ex presidente Alejandro Toledo por la licitación de la carretera Interoceánica, vaticinamos que lo que vendría para el líder de Perú Posible sería una solicitud de prisión preventiva y una orden de captura que lo obligarían a retornar de Estados Unidos. La primera de estas proyecciones se cumplió apenas días más tarde. La concreción de lo segundo, sin embargo, está tomando más tiempo del previsto.

Si bien el pedido de arresto contra Toledo por este caso ya fue enviado a Estados Unidos, aún no ha sido admitido, ya que la justicia de ese país habría solicitado ampliar su fundamentación, en particular, respecto de los indicios que probarían que Toledo fue el receptor final del soborno. Y si bien esos elementos existen, hoy son investigados en un proceso distinto –el Caso Ecoteva–, en el marco del cual fue emitida en abril una segunda orden de prisión preventiva contra Toledo, razón por la que próximamente se enviaría a Estados Unidos un segundo pedido de arresto contra el ex mandatario.

Como se sabe, Toledo enfrenta hoy dos procesos judiciales en los que se investigan hechos conexos y que involucran a los mismos personajes. El primero es el Caso Odebrecht, que se sustenta en la denuncia de Barata citada líneas arriba. Según la fiscalía, más de US$11 millones en coimas habrían sido depositados en cuentas británicas a nombre de Josef Maiman, empresario israelí y ex amigo de Toledo.

El segundo es el Caso Ecoteva, en el que se investigan las inversiones inmobiliarias por más de US$5 millones que la suegra del ex presidente, Eva Fernenbug, realizó en el Perú. Luego de una serie de versiones contradictorias de Toledo sobre el origen de ese dinero, se descubrió que provenía de una ‘offshore’ costarricense llamada Ecoteva, constituida por orden de Toledo y financiada por una empresa de propiedad de Josef Maiman. La tesis de la fiscalía es que el origen primario de ese dinero –que además fue usado para pagar hipotecas de propiedades de Toledo por más de medio millón de dólares– se encuentra en algún acto de corrupción del gobierno toledista.

Si en lugar de estudiar cada caso por separado, se analiza el panorama completo, parece claro que ambos podrían ser episodios distintos de una misma historia. ¿No es acaso verosímil pensar que los sobornos de Odebrecht que se le imputan a Toledo terminaran en las cuentas de Ecoteva? Y el acto de corrupción que la fiscalía especula como origen del dinero en el Caso Ecoteva, ¿no podría ser acaso el acusado por Barata?

Ante este escenario, una alternativa más razonable para continuar con las investigaciones es la integración de ambos procesos. Más aun cuando la remisión de un segundo pedido de arresto contra Toledo en Estados Unidos podría incluso jugar en contra de los intereses de la justicia peruana, pues, como ha advertido más de un especialista, ello podría reforzar el argumento utilizado por el ex presidente y su defensa de que se le pretende acusar dos veces por los mismos hechos y que lo que está detrás es una supuesta persecución política.

La subsistencia de dos procesos separados, además, acarrearía otros peligros a escala interna, como la duplicidad o superposición de diligencias, estrategias de investigación contradictorias y hasta criterios distintos entre los fiscales y jueces a cargo de los casos.

Para evitar todos estos problemas, la acumulación de ambos procesos en uno solo se vislumbra como una mejor estrategia y sería prudente hacerlo ahora que ambos se encuentran en etapas iniciales. Lograr que los involucrados en los actos de corrupción del Caso Odebrecht respondan por sus delitos debería ser una prioridad de nuestros fiscales y jueces, y para ello, deberían unir esfuerzos, no fraccionarlos.