Editorial El Comercio

El domingo, la presidenta reveló en una entrevista con el programa “Panorama” que la canciller Ana Cecilia Gervasi le había comunicado que la familia de –en concreto, su esposa, , y sus dos hijos– había recibido asilo político de parte del Gobierno Mexicano. La noticia por el canciller del país norteamericano, Marcelo Ebrard, que añadió que se encontraban negociando el salvoconducto que les permitiría abandonar el país hacia México.

Es cierto que las razones de México para otorgarle el asilo a la que hasta hace dos semanas era la familia presidencial todavía no se han conocido, pero también es cierto que no se necesita mucha imaginación para presumir que parten del que el presidente mexicano, , y su canciller han venido repitiendo en estos días. Este es, que Castillo fue detenido irregularmente y que su destitución fue una venganza de las ‘élites’ peruanas que no querían que él gobernara para el ‘pueblo’. Además de mentiroso, se trata de y que omite toda mención al golpe que nuestro frustrado dictadorzuelo dio en televisión nacional el pasado 7 de diciembre.

Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora: en el Perú no existe persecución política. Castillo y su cónyuge no son perseguidos políticos, por lo que, por añadidura, no necesitan que ningún país les conceda asilo. Más aún cuando ambos vienen en la fiscalía por actos de corrupción y crimen organizado que deben seguir su curso y no ser interrumpidos por la injerencia de un gobierno que puede ser muy drástico al hablar de la corrupción de sus adversarios políticos, pero que, cuando se trata de sus afines, los trata con guantes de seda.

No hay que olvidar que la fiscalía viene investigando a la ex primera dama desde julio. Que, según un informe del equipo especial del Ministerio Público encargado de las pesquisas contra los allegados a Castillo, ella habría fungido como “coordinadora” en la presunta organización criminal que habría liderado su esposo. Que durante la audiencia judicial en la que se dictó 30 meses de prisión preventiva contra la cuñada del golpista, Yenifer Paredes (luego liberada), y contra el alcalde de Anguía, Nenil Medina, la fiscalía sostuvo que Lilia Paredes y tres de sus hermanos –entre los que se cuenta Yenifer– integrarían la presunta organización criminal que habría logrado amasar “más de S/6 millones en obras públicas para municipios distritales”.

Recordemos, asimismo, que , cuya empresa habría servido como una fachada utilizada por los hermanos Paredes Navarro para ganar contratos con el Estado, al igual que la de su hermana Anggi, ha contado ante las autoridades que la cuñada del expresidente le solicitó (según dijo, a pedido de la ex primera dama) que comprara dos chips de celular a su nombre, pues esta última tenía miedo de que la chuponeasen. Y que fue Lilia Paredes la que autorizó los cinco ingresos que se registraron de Espino a Palacio.

Por este caso, la ex primera dama estuvo hasta hace poco bajo mandato de . Su caso no es uno político; es uno de corrupción y así debe de hacerlo saber el Gobierno Peruano ante los intentos bochornosos de México de vender una imagen de nuestro país en el exterior que no se condice con la realidad. Ha sido acertada, en ese sentido, la decisión de Torre Tagle de declarar al embajador de AMLO en nuestro país y darle un plazo para abandonar el territorio nacional.

En fin, la decisión de AMLO de echarles una mano a Castillo y a su cónyuge se construye bajo una premisa falsa, sobre un libreto que ignora a sabiendas la realidad de nuestro país, y así debe quedar claro tanto en el Perú como en México.

Editorial de El Comercio