La semana pasada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) subrayó que los congresistas actuales no podrán postular en los comicios del 11 de abril del 2021.
La semana pasada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) subrayó que los congresistas actuales no podrán postular en los comicios del 11 de abril del 2021.
Editorial El Comercio

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más

A fines del mes pasado, las reglas que regirán las elecciones del próximo 11 de abril quedaron finalmente establecidas. Las definiciones que ello supuso –sobre, por ejemplo, los impedimentos para postular a un cargo público y otras– fueron para muchos tardías, habida cuenta de que, al haber sido convocado meses antes, el proceso, en rigor, ya estaba en marcha. La peculiar circunstancia de que estuviésemos enfrentando los comicios en cuestión en medio de una situación de , sin embargo, demandaba cierta elasticidad en materia de fechas.

La flexibilidad requerida, no obstante, debía tener un límite y lo tuvo. Y a partir de ese momento, tenía que ser evidente para todos que el marco normativo que regularía nuestra inminente concurrencia a las urnas era ya inamovible. No solo porque los participantes no pueden entrar a una competencia cuyas reglas están todavía en elaboración, sino también porque no se puede tener a la ciudadanía en un permanente estado de zozobra sobre un evento tan determinante para el futuro de nuestra democracia.

Resulta turbador por ello que, a estas alturas, cuando faltan menos de seis meses para el acto electoral, se siga hablando desde el Ejecutivo y el Legislativo sobre postergaciones y afanes de permitir la reelección congresal.

En lo que concierne a lo primero, quien ha tocado el asunto ha sido el jefe del Estado, en medio de sus elucubraciones sobre las presuntas “fuerzas oscuras” que se estarían moviendo tras las diversas denuncias de corrupción que pesan actualmente sobre él. Ya había mencionado la especie semanas atrás, cuando se presentó en el Congreso vinculada a los audios en los que se lo escuchaba coordinar con sus subalternos las versiones que debían dar sobre las visitas de Richard Cisneros a Palacio ante quienes investigaban el caso de sus contrataciones indebidas. Y ahora, apremiado por de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces al Ministerio Público que se han conocido en estos días, ha desenfundado nuevamente su tesis de que todo forma parte de una maquinación para removerlo de la presidencia y poder postergar las elecciones.

En un intento de darle sustancia a su argumento, el mandatario, en efecto, aseguró originalmente que había recibido un pedido sobre el particular de parte de algunos congresistas que parecían perseguir la extensión de su mandato legislativo. Poco tiempo después, además, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, precisó incluso que el presidente le había dicho que el pedido vino de los líderes de dos partidos políticos. Y ayer, ante la demanda de que identifique a los autores de la improcedente solicitud, el presidente avanzó un poco más: dijo que esta –que no es lo mismo que “líderes”– de Acción Popular y Alianza para el Progreso… Pero ahí se detuvo ( de representantes de esas dos organizaciones políticas, exigiéndole presentar la información completa).

En lo que se refiere a la posibilidad de permitir, a contrapelo de lo sancionado por el referéndum del 2018, la reelección parlamentaria en las elecciones del próximo año, son conocidas las inquietudes que germinaron al respecto en, curiosamente, los dos partidos ya mencionados. Y la semana pasada surgieron versiones, luego desmentidas, sobre un proyecto de ley que se estaría preparando en la bancada de UPP para que los actuales congresistas pudieran intentar repetir el plato.

En cualquier caso, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) despejó cinco días atrás las dudas sobre lo que, en verdad, estaba claro desde el principio: ni los legisladores elegidos en el 2016 ni los actuales podrán postular al Parlamento en las elecciones venideras.

Sin embargo, más allá de que ni la postergación de los comicios ni la apetecida reelección hayan tenido en momento alguno visos de verosimilitud, lo que resulta inaceptable es la atmósfera de incertidumbre que introduce en el proceso en marcha su permanente invocación de parte de autoridades políticas que deberían ser las primeras interesadas en mantenerlo lejos de toda contaminación.