Editorial El Comercio

La revelación de audios en poder de la fiscalía que expondrían con nitidez la corrupción en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones () ha sido un golpe durísimo para la legitimidad del , pero difícilmente uno sorpresivo. Desde las primeras denuncias que involucraban a Karelim López, al controversial empresario Zamir Villaverde y al extitular del MTC Juan Silva (ahora con impedimento de salida del país), ese ministerio ha estado en el centro de la tormenta.

Un audio anterior, en el que presuntamente se escucharía a Villaverde y a Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno, complotando sobre posiciones por tomar en la administración del presidente Pedro Castillo ilustra la importancia que tenía para ellos la captura del MTC, dados los millonarios contratos que desde ahí se gestionan. Esa lógica ayuda a explicar los nombramientos –de otro modo incomprensibles– de personas en el MTC y en Provías Nacional sin mayores competencias para sus cargos.

Pero el MTC está lejos de ser el único ministerio que ofrece oportunidades para la corrupción, o el único que ha visto a personas sin experiencia relevante ocupar altas posiciones. La misma López, por ejemplo, menciona al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) como parte de la repartija de cargos públicos que se habría dado entre Pacheco y el grupo de congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’.

Esta semana, además, el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez, coordinador del área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, señaló que “no solo se habrían restringido estas actividades ilícitas al MTC, sino también habrían continuado en otras áreas del Ejecutivo”. El funcionario hacía referencia, en particular, a una concesión otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) al consorcio Numpatkay. Los videos de las visitas de los representantes de tal consorcio a las oficinas del Minem habrían sido ocultados a la fiscalía durante una diligencia de inicios de marzo. Como se recuerda, esta cartera estuvo en manos del exministro Carlos Palacios, persona cercana a Vladimir Cerrón, desde febrero pasado. Antes de Palacios, ocupó el cargo Eduardo González Toro, quien promovió a Hugo Chávez en la gerencia general de Petro-Perú y lo mantuvo a pesar de las denuncias de irregularidades y corrupción a su alrededor.

Desde este Diario, hemos mencionado en más de una oportunidad que el nombramiento de personas sin las competencias y experiencia para altos cargos públicos era en sí una forma de corrupción, pero los últimos destapes demuestran hasta qué punto esta preocupación era justificada. En más de un caso, las contrataciones no se tratarían solo de un favor personal o político, ni siquiera de afinidad ideológica, sino de tener a operadores de confianza para lucrar a costa del Estado.

Lo que corresponde ahora a las autoridades es investigar qué funciones desempeñaron y vienen desempeñando aquellas personas que ocupan cargos en ministerios con órdenes de magnitud por encima de lo que sugeriría prudentemente su hoja de vida. Por supuesto, no se trata de institucionalizar una cacería de brujas en el interior del Ejecutivo, sino de encontrar la lógica detrás de nombramientos que apuntan a mala fe de las máximas autoridades de la administración del presidente Castillo. Después de todo, sería sorprendente que la podredumbre que a todas luces habría tomado lugar en el MTC fuera un hecho aislado. La evidencia sugiere, más bien, que esta habría sido un extendido sistema de operación en el interior del Estado ya por algún tiempo.