Editorial: Elección aguada

Cuando se discute sobre los servicios que realmente tienen un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, hay asuntos de importancia media –como la disponibilidad de conexiones a Internet de alta velocidad–, de importancia alta –como las facilidades de transporte o la conexión a electricidad–, y luego tenemos lo indispensable: el acceso a agua potable y saneamiento. Quizá no haya servicio más elemental para cumplir lo que hoy se entiende como un estilo de vida digno de un ciudadano del siglo XXI que la disponibilidad de agua.

No es un secreto que en el Perú buena parte de la población no cuenta con este servicio. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), actualmente unos ocho millones de peruanos carecen de acceso continuo a agua potable. En lugares como Pasco, aquellos con conexión reciben agua una o dos horas al día, y la situación no es tanto mejor en Juliaca y otras ciudades importantes. Para el 25% de las personas en zonas urbanas que reciben agua, su calidad es “nada aceptable”, y en algunos sectores las pérdidas de agua superan el 50%. 

Los problemas relacionados a la falta de acceso a agua y saneamiento tienen diversas causas, pero una de las principales es la deficiente gestión de las empresas prestadoras de servicio (EPS). Sedapal, la EPS más grande y que provee de agua a la ciudad de Lima, mantiene sin acceso a más de un millón de personas en la capital y hace apenas unos días reportó una caída en sus utilidades de 47% durante el 2015. Si bien la causa fue principalmente el alza del tipo de cambio, las cifras de la empresa apuntan en general a una ineficiente e inefectiva administración financiera y operativa.

¿Qué proponen entonces los candidatos a la Presidencia de la República para llevar conexiones continuas de agua a las zonas urbanas? Las promesas varían en forma, pertinencia y contenido, pero ninguna ataca el problema de fondo. Entre los cincos partidos que aparecen primeros en las últimas encuestas, Fuerza Popular, Todos por el Perú y Alianza para el Progreso dedican poco espacio en sus respectivos planes de gobierno al problema y sus posibles soluciones. El partido del señor César Acuña, de hecho, se limita a señalar que para zonas urbanas su propuesta es “incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales”, sin ahondar en detalle adicional alguno. Por otro lado, Alianza Popular y, especialmente, Peruanos por el Kambio presentan planes de trabajo más elaborados al respecto. 

Sin embargo, ninguno dirige su atención a la necesidad de combatir el ineficiente sistema de las EPS con una agresiva participación del sector privado. De los planes para privatizar Sedapal, que en algún momento fueron evaluados por la presente administración, ni una línea. Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, el modelo actual de las EPS es obsoleto y la precaria gestión del recurso provoca que estas empresas logren cobrar solo el 25% del total de agua producida. Los bajos ingresos se traducen luego en falta de capacidad financiera para hacer nuevas inversiones que lleven agua a más gente.

De la misma manera en que la incorporación del sector privado dinamizó significativamente el sector de las telecomunicaciones y de la distribución de energía eléctrica en el Perú, el camino para llevar más y mejor agua a los peruanos pasa por diseñar un sistema con los incentivos adecuados al margen de las empresas públicas. El gobierno nacionalista avanzó algunos pasos en esta dirección –por ejemplo, planteando un esquema municipal que permite delegar competencias a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para concesiones de saneamiento–, pero no es suficiente.

Solucionar los problemas de superposición de funciones entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los gobiernos regionales, los ministerios y otros actores, como proponen algunos planes de gobierno, es clave. Pero mientras el capital y la capacidad gestora que solo puede traer el sector privado se mantengan ausentes, volveremos a tener esta misma discusión cada cinco años.