Editorial: Empujar la búsqueda

La semana pasada, el Ejecutivo prorrogó la vigencia de las leyes que permiten la devolución del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de actividades de exploración minera y de hidrocarburos. La extensión se hizo por un período de tres años.

Esta noticia llega en un momento complicado para el sector minero. Aparte del clima de conflictividad social que durante este año ha puesto en jaque proyectos como Tía María, en Arequipa, y operaciones ya consolidadas como Las Bambas, en Apurímac, no existe un flujo realista de grandes inversiones por realizarse en los próximos años además de Quellaveco, en Moquegua, y otras menores. De permanecer en esta ruta, el enorme potencial minero del Perú seguiría siendo precisamente eso, permanente potencial.

En ese contexto, la inversión en exploración juega un rol fundamental. Como es obvio, sin nuevas exploraciones no puede haber nuevos proyectos que generen inversión, trabajo e impuestos. Entre enero y octubre del 2019, no obstante, la inversión en exploración minera ascendía a US$289 millones, una caída de 11,5% con respecto al mismo período del año anterior. El 2018, además, ya había sido un año de contracción respecto del 2017, cuando se llegó a casi US$500 millones. En el pico, el año 2012, se llegó a más de US$900 millones en exploración. Más aún, las exploraciones que sí se llevan a cabo se dan en muchas ocasiones en zonas contiguas a proyectos ya en operación, de modo que el descubrimiento de nuevas zonas mineras se dificulta. En ciertos metales, como el oro, la cartera de proyectos mineros es escasa debido a la falta de exploración.

La devolución de impuestos para exploración debe entenderse en un marco de competencia por captar inversiones globales dispuestas a asumir un alto riesgo. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), apenas uno de cada 100 proyectos de exploración se convierte en descubrimiento. Otros países competidores, como Canadá y Australia, cuentan también con incentivos fiscales en esta línea. Además, como en ocasiones anteriores, la devolución se ha establecido con fecha de vencimiento. Ello agrega incertidumbre al marco tributario e impide planear inversiones con un plan de largo plazo.

Esto último, el horizonte temporal, resulta especialmente sensible cuando los proyectos de exploración se suelen retrasar debido a la maraña burocrática que paraliza la actividad. A los permisos con Serfor y con el Ministerio de la Producción se suman los certificados de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), los permisos de uso de agua, las consultas previas, entre otros. La consecuencia son procesos que se toman más de año y medio en iniciar, y eso cuando son aprobados. Según Miguel Cardozo, vicepresidente del XI Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores 2019, las compañías exploradoras presentaron en 2018-2019 no menos de 30 declaraciones de impacto ambiental para exploración, de las cuales solo seis obtuvieron luz verde.

Aunque importante, por sí sola la devolución del IGV e impuestos municipales ha demostrado que es insuficiente para dinamizar el interés en una actividad de alto riesgo para los inversionistas como la exploración. El país requiere, además, de un Estado de derecho predecible, un marco institucional estable, y procesos burocráticos oportunos y razonables para competir con el resto de naciones mineras. No es casualidad que esta sea, precisamente, la misma agenda de crecimiento de la mayoría de sectores económicos en el país.