Editorial: Erratas acertadas

Con añafiles y atabales se inscribió este jueves el extitular del Interior Daniel Urresti en el Partido Nacionalista. Nada faltó en la puesta en escena de un acto que tenía todos los visos de ser el inicio de la campaña oficialista para las elecciones del próximo año: la presencia tumultuosa de la militancia, el gesto consagratorio de la primera dama alzando su mano y la transmisión en directo del Canal 7 (sobre la que el gobierno tendrá que dar explicaciones, porque supone el uso de recursos públicos para promover un interés político privado).

Olvidando pronto algunas sentencias tajantes de cuando era ministro -“yo no voy a postular”, “no voy a ser candidato a nada”-, Urresti fue sistemáticamente ambiguo en las palabras que pronunció frente a la concurrencia con respecto a su futuro rol en la organización humalista. “Ingreso con todos los deseos de poder avanzar en el partido; mi trabajo dirá hasta dónde puedo llegar”, recitó en un momento. Y luego agregó que se inscribía “para repotenciar las bases y hacer frente al alanismo y al fujimontesinismo”.

Por si alguien hubiese dejado de percibir lo que el discurso y la parafernalia sugerían, además, oportunos espontáneos se animaron a corear varias veces: “¡Urresti presidente, Urresti presidente!”.

Y la verdad es que, más allá de lo deslucido del eventual incumplimiento de aquello que ofreció mientras estaba en el gabinete, tanto él como el nacionalismo en general tienen derecho a tentar el poder nuevamente en el 2016 con lo que juzguen sus mejores cartas; y las únicas cortapisas válidas para ese afán deberían ser las que la ley electoral y las disposiciones internas del propio partido oficialista señalan.

Esto viene a cuento ahora que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, a cargo de la investigación del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ha pedido 25 años de cárcel (y una reparación civil de 500 mil nuevos soles) para el exministro. Como se sabe, Urresti es acusado de haber sido el autor mediato del referido crimen, ocurrido en noviembre de 1988, cuando integraba, como encargado de la Sección de Inteligencia, el Estado Mayor del Batallón Contrasubversivo de Castropampa, en Huanta (Ayacucho). Según el Auto de Apertura de Instrucción presentado por la fiscalía, el asesinato fue ordenado por el jefe de esa base militar y, en esa medida, se presume la participación del hoy potencial candidato en la decisión.

Como es evidente, si Urresti resultase condenado por este presunto delito, su derecho a postular se extinguiría inmediatamente. ¿Pero qué pasaría si solo se iniciara el proceso penal en su contra? Pues en ese caso, por discutible que sea, la normativa electoral no le impediría tentar cargo alguno… Pero las disposiciones internas del Partido Nacionalista –por lo menos en su versión original, no sometida a tachaduras ni enmendaduras-, sí.

El inciso ‘e’ del artículo 33 del estatuto del Partido Nacionalista, estableció efectivamente que los aspirantes de esa colectividad política a cualquier candidatura “no deben tener proceso penal pendiente ni haber sido condenados por delito doloso”, con lo cual en el nada improbable escenario que hemos anticipado aquí, el flamante militante de la organización gobiernista tendría que conformarse con pasar los próximos cinco años librando batallas con Keiko Fujimori y Alan García en el ciberespacio.

Las buenas intenciones, no obstante, suelen tener vida corta, y en una conveniente ‘fe de erratas’ a ese estatuto se ‘corrigió’ ese profundo acierto: se suprimió el veto absoluto a los que tuvieran “proceso penal pendiente” y se agregó que “serán sujetos a evaluación y de ser el caso, podrán ser autorizados [a postular] por el Comité Ejecutivo Nacional, con el voto unánime de sus miembros, previo informe favorable del Tribunal de Honor del Partido”.

A la luz de lo que han comentado algunos de los voceros más caracterizados del humalismo sobre el pedido de la Tercera Fiscalía al que hacemos referencia en este editorial, sin embargo, resulta previsible lo que todas esas instancias partidarias probablemente opinarían si el proceso llegase a ser abierto. “Yo creo que hay un despropósito porque no hay elementos de juicio y de convicción para iniciarle un juicio oral”, ha dicho el congresista Josué Gutiérrez. Y su compañero de bancada Teófilo Gamarra ha acotado: “Es de Ripley hacer una acusación de tamaña envergadura en base a la posición que ostentaba en la época Urresti”.

Con lo cual, parecería que el exministro del Interior tiene expedito el camino para convertirse en la carta del oficialismo a la presidencia, sin importar las sombras que se ciernan sobre su pasado. Una errata que, con el paso del tiempo, demostrará seguramente también su acierto.