Editorial: El escape de la banda

La noticia de la fuga de Martín Belaunde Lossio (MBL) ha causado más indignación que sorpresa. Primero, porque ya había escapado antes. Y segundo, porque había (y hay todavía), tanto en Bolivia como aquí, una combinación de negligencia e intereses por demorar su traslado a Lima, que permanentemente hacía temer un desenlace tan vergonzoso como el que ahora se ha producido.

En realidad, la referida combinación estuvo presente ya desde la primera fuga. El ex colaborador de la llamada ‘pareja presidencial’, como se sabe, pasó a la clandestinidad el 29 de mayo del año pasado, al ser comprendido en las investigaciones por el Caso ‘La Centralita’; y, sin embargo, la orden de captura internacional en su contra solo entró en vigencia más de tres meses después: el 11 de setiembre.

Lo siguiente que se supo de él, cerca de fin de año y gracias a la insólita revelación del ahora destituido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, fue que estaba en Bolivia. Había ingresado a ese país de forma subrepticia y en fecha incierta, por lo que no se puede descartar que lo hiciera aprovechando la ventana de oportunidad que le dio la parsimonia con la que procedieron las autoridades locales para bloquearle esa posibilidad. Algo extraño ocurrió, además, con la orden de captura internacional porque, según comentó en su momento el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia –ante la que MBL se presentó el 15 de diciembre pasado a solicitar refugio–, Interpol le había informado que ni siquiera en una fecha tan tardía como esa existía una alerta roja que los pusiera sobre aviso respecto a su condición de prófugo en el Perú.

Lo que se dijo entonces fue que la ineficacia y la demora del accionar del Estado Peruano invitaban a especular sobre los puntos de contacto entre el evadido y los actuales inquilinos de Palacio, y lo comprometedoras que eventualmente podían resultar para estos las declaraciones de aquel ante la justicia peruana. Nos referimos, como es obvio, a los aportes de MBL a la campaña nacionalista del 2006 (uno de los cuales él ha negado recientemente), a las consultorías que la señora Nadine Heredia realizó a partir de ese año para él y para su padre sobre temas que no necesariamente dominaba (y que han motivado una investigación por lavado de activos) y a los enredos relacionados con la propiedad de la empresa Todo Graph. 

La respuesta del oficialismo ante el recelo generalizado fue asegurar que, ahora que MBL había sido ubicado y detenido en Bolivia, se estaba cumpliendo con todo lo que hacía falta para traerlo a Lima, ponerlo a buen recaudo y someterlo a las indagaciones requeridas. Pero pocos se sintieron satisfechos y no tardaron en surgir nuevas observaciones, precisamente, sobre lo inadecuado de esa forma de proceder.

Se criticó, primero, que se optase por la figura de la extradición y no por la de la expulsión, que habría significado un traslado más expeditivo del prófugo y habría permitido juzgarlo por todo aquello que la justicia peruana estimase conveniente y no solo por lo que la justicia boliviana hubiese admitido al conceder la extradición.

Luego se señaló también que desde el 11 de mayo, fecha en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia autorizó la extradición, el Perú debió solicitar que MBL pasase a un recinto penitenciario para evitar el riesgo de fuga que el arresto domiciliario ofrecía. Y si eso no era aceptado, siempre se podía demandar a las autoridades del país altiplánico un resguardo policial más numeroso.

Y, por último, se ha hecho notar que desde la fecha en que recibió la notificación oficial (14 de mayo) del fallo del TSJ boliviano, el Estado Peruano perdió mucho tiempo en ‘coordinaciones’ internas en vez de mandar inmediatamente un equipo que supervisase in situ los procedimientos del traslado.

El resultado de todo eso, claro, es que, como se temía, MBL acabó evadiéndose de la justicia. Pero el costo que debe ahora enfrentar el gobierno por eso es el de la creciente sospecha de que no ha sido el único.