Editorial: El especulador
Editorial: El especulador
Redacción EC

Uno de los estragos que viene dejando a su paso es la escasez. Las lluvias han afectado los cultivos agrícolas principalmente en la costa norte del país y dañado puentes y carreteras, lo que impide el transporte de diversos productos. Asimismo, conseguir agua potable se hace más difícil debido a los huaicos que complican el tratamiento por parte de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento como .

, como el agua potable, la carne de pollo, la alverja y el limón, genera, como era de esperarse, un incremento en los precios. 

Frente a esta coyuntura, diversas entidades públicas han actuado a través de donaciones o buscando colaboraciones para suplir la carencia temporal. Muchas empresas, por su parte, han hecho lo propio sumándose a campañas de solidaridad o adaptando sus procesos para ofrecer una mayor cantidad de los productos que hoy hacen falta o algunos sustitutos.

Entre tanto, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha optado por plantear una “solución” un tanto extravagante. Se trata de una iniciativa para “sancionar el acaparamiento y la especulación de bienes o servicios en zonas declaradas en emergencia por desastres” con penas de entre cuatro y seis años de cárcel. El señor Gutiérrez justificó su propuesta señalando que “resulta condenable que en momentos difíciles […] se aprovechen de la necesidad de los afectados y existan empresas que eleven injustificadamente los precios”.

Si bien es comprensible el malestar ciudadano por los incrementos de precios –pese a las situaciones de escasez y encarecimiento de los costos que, normalmente, los ocasionan–, ello no necesariamente conduce a lanzar iniciativas tan enigmáticas. Pues bien, el proyecto del defensor del Pueblo deja varios misterios sin resolver: ¿Bajo qué parámetros se califica un precio como ‘especulativo’? ¿Cuándo se considera ‘injustificada’ un alza de precios? ¿A partir de qué momento el aprovisionamiento de un producto se convierte en acaparamiento? Y principalmente, ¿quién será el iluminado que reemplazará la interacción descentralizada de proveedores y consumidores para fijar todos estos parámetros?

Interrogantes difíciles de responder para el defensor y, en realidad, para cualquier autoridad estatal que se aventure a intentar establecer controles de precios o cuotas máximas de aprovisionamiento de los productos.

Todo precio es, en realidad, una especulación, una apuesta subjetiva. No existe una cifra predeterminada por la naturaleza, por encima de la cual, uno pudiera considerarla ‘injustificada’. Los precios los decide cada proveedor individual sobre la base de una serie de factores como sus costos de producción o adquisición, la escasez relativa, las ofertas competidoras y la disponibilidad a pagar de los consumidores. No existe, pues, un precio objetivo, único, ni permanente. El más claro ejemplo de ello es la fuerte oscilación de los precios de productos como el limón, que hemos apreciado recientemente, que fueron variando dependiendo del día y lugar de venta. 

En una economía de mercado no tiene sentido el control de precios ni de las cantidades de adquisición y venta, razón por la cual los delitos de acaparamiento y especulación previstos en el Código Penal de 1991 –como un remanente de un modelo controlista– quedaron derogados tácitamente con la Constitución de 1993 y explícitamente con el Decreto Legislativo 1034 del 2008. Y si bien algunos pocos países aún conservan en su legislación figuras penales como las que ahora propone el defensor del Pueblo, estas son, en el mejor de los casos, inoperantes, y en el peor, muy efectivas… pero para generar más escasez, como sucede actualmente en Venezuela.

En lugar de especular con ideas caducas, quizá le convenga al defensor del Pueblo dedicarse de lleno a acciones más tangibles y efectivas, como las intervenciones defensoriales que vienen realizando sus comisionados en las zonas de emergencia, y la reactivación de los informes defensoriales que desde 1997 emite la institución (175 informes en total, un promedio de casi 9 por año), pero que desde que asumió funciones el señor Gutiérrez han empezado a escasear.