Editorial: La misma estrategia

La estrategia no es nueva y sus cultores se mueven sobre todo en el terreno de la política. Planteada una inquietud o una duda sobre el comportamiento de determinada persona que se desenvuelve en ese ámbito, la reacción inicial del afectado –previa incluso a la elemental presentación de descargos– suele consistir en un ataque a la fuente del cuestionamiento. A veces está dirigida contra el modulador mismo del señalamiento y otras, contra las figuras más destacadas del partido o el proyecto político al que pertenece, como una manera de desvirtuar al crítico de turno por contagio. Siempre, sin embargo, consiste en una variante del consabido argumento de la ‘autoridad moral’.

“Fulano no tiene autoridad moral para hacerme ese cargo, porque en la ocasión X o Y incurrió en un comportamiento peor que el que ahora me quiere atribuir”, escuchamos sostener con frecuencia a los candidatos durante las campañas de todo tipo. Pero también en tiempos en los que no hay elección alguna ad portas, el engañoso razonamiento cosecha adeptos.

Y decimos engañoso porque, si se lo analiza fríamente, se hace evidente que la catadura de un cierto individuo puede servir para condenarlo moral y hasta penalmente, pero no para desbaratar la consistencia de un argumento suyo si está bien sustentado. Y porque, además, como se acostumbra decir, los pecados ajenos no santifican a nadie.

El desconcierto que produce la referida falacia concede, no obstante, una aparente ventaja inicial a quien ha sido objeto de una imputación y por eso es tan socorrida. Eso, por lo menos, es lo que sugiere la reciente actitud del congresista oficialista y ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, quien, ante el pedido de su compañero de bancada Guido Lombardi para que sea separado de ella hasta que concluyan las investigaciones sobre el contenido de los nuevos audios en los que se lo escucha conversar con el suspendido juez supremo César Hinostroza, ha reaccionado de la manera descrita.

A pesar de que Lombardi aclaró que la separación a la que alude en su solicitud –secundada luego por otros integrantes de la bancada de Peruanos por el Kambio– no tendría carácter sancionador, Heresi anotó hace tres días en su cuenta de Twitter: “No voy a aguantarles majaderías a quienes tienen techo de vidrio y han sido operadores de PPK, de quien no sabíamos [que] había recibido millones de Odebrecht para su bolsillo y sus campañas”. Y varios otros mensajes en el mismo tono.

Es verdad que en los diálogos registrados que sostuvo con Hinostroza no hay delito a la vista y solo se pone en evidencia una cercanía mayor con el suspendido magistrado que la que él había admitido hasta hace poco. Pero llama desde luego la atención que, de pronto, en este incómodo contexto, decida levantar la voz sobre un asunto –los cobros de Westfield a Odebrecht y los presuntos aportes de esa empresa a la campaña de Kuczynski del 2011– que se conocía hace ya tiempo y que, al menos en el primer caso, motivó en él una reacción muy distinta el 21 de diciembre, durante el debate congresal de la primera moción para vacar al ahora ex presidente.

En esa ocasión, efectivamente, Heresi dijo: “¿Dónde está la infracción? El presidente encarga la gestión a la empresa Westfield […]. O sea, acá en la Constitución no dice que el ministro está impedido de ser el propietario de una empresa. No; la Constitución dice que el ministro está impedido de ser el gestor y entrega la gestión”.

El argumento, claro, es por lo menos debatible, pero ubicó nítidamente al congresista en una posición distinta a la que ahora suscribe y mueve automáticamente a tomársela con una pizca de sal.
¿No sería mejor que, en lugar de acudir al conocido retruque del ‘tú mejor ni hables’, el congresista Heresi se concentrara en despejar cualquier duda que sus cordialidades con el juez Hinostroza pudieran haber suscitado? En la práctica, no hacerlo lo aleja más de su bancada que cualquier pedido de separación temporal de ella, por lo que invertir sus energías en esa tarea debería ser su primera prioridad.