Editorial: Falla de origen

El anuncio de que Fernando Zavala será a partir del 28 de julio el presidente del Consejo de Ministros no ha estado rodeado de sorpresa. Por un lado, su nombre estuvo voceado desde hacía semanas. Y por otro, las reacciones negativas de ciertos sectores al hecho de que el premier con el que se estrenará el gobierno de Peruanos por el Kambio provenga de la ‘gran empresa’ también han sido exactamente las que se esperaban de ellos.

Como se sabe, Zavala, efectivamente, se ha venido desempeñando estos últimos años como presidente ejecutivo de Backus y Johnston, y anteriormente ha tenido otros puestos de relevancia en el sector privado, así como asiento en los directorios de múltiples firmas y hasta instituciones financieras. Y esto ha causado alarma entre representantes tanto de la izquierda como del fujimorismo.

Desde la orilla del Frente Amplio, por ejemplo, el congresista electo Marco Arana ha sentenciado: “Tener un presidente banquero y un primer ministro vinculado a esos intereses no ayuda a la imagen de un gobierno que quiere hacer una revolución social”. Y ha añadido también: “A nosotros nos hubiera gustado que fuera un ministro mucho más vinculado al tema social o a la industria nacional, y no al gran poder corporativo”.

Mientras que desde la trinchera de Fuerza Popular, el legislador Rolando Reátegui ha aseverado que la referida designación “es un mensaje a todos los empresarios de que el gobierno del señor Kuczynski va a ser solamente para ellos”; y su compañera de bancada Cecilia Chacón ha anotado que, como Zavala “viene de las canteras de la gran empresa privada”, los hace pensar “que [en el próximo gobierno] estarán preocupados por los intereses de las grandes compañías y no de la mayoría de la población”.

La cantidad de prejuicios en la que nadan las objeciones de estos actuales o futuros parlamentarios es tal que se hace difícil escoger por dónde empezar a desbrozarlos. Aunque quizás lo primero que llama la atención sea la visión corporativista que tienen de los potenciales funcionarios. Es decir, la idea de que si un ministro proviene de determinada rama de la actividad profesional o económica, estará condicionado a ejercer el poder con un sesgo que favorezca a sus antiguos colegas. Y así, si los empresarios están condenados a favorecer a los empresarios, habrá que asumir que los arquitectos favorecerán a los arquitectos y los veterinarios, a los veterinarios.

De otro lado, está la presunta oposición entre los intereses de ‘las grandes compañías’ y los de ‘la mayoría de la población’: una especie de transposición del esquema de la lucha de clases que supone una perversidad intrínseca de las referidas empresas, empeñadas en impedir que las personas modestas mejoren su nivel de vida porque eso, de alguna manera, las haría perder plata… Cuando cualquiera sabe que, en realidad, mientras mayor sea la capacidad adquisitiva de los individuos de una sociedad, más rentable será el mercado que representen.

Vale la pena notar también el desdén que los mencionados políticos trasuntan hacia las capacidades administrativas y ejecutivas de quienes se han desempeñado exitosamente en actividades complejas, en donde las decisiones se traducen rápidamente en ganancias y pérdidas, y cada quien tiene que enfrentar constantemente las consecuencias de sus buenas o malas decisiones. ¿Cómo podría una experiencia así constituir un demérito para asumir las riendas de un determinado sector del Estado? ¿No estamos saliendo acaso de una gestión de gobierno en la que la ausencia de tales criterios nos ha pasado una costosa factura?

Con todo esto nadie pretende argumentar, desde luego, que los integrantes del gabinete en ciernes o cualquier otro solamente pueden provenir del mundo empresarial, pero sí que pertenecer a él no es un pecado original que descalifica a nadie para asumir tales responsabilidades. Y que, por lo tanto, la falla de origen que parece desvelar a los detractores de esa opción en el futuro gobierno tendría que ser, más bien, motivo de un examen de conciencia.