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Hace pocos días, Macroconsult publicó un estudio sobre la población económicamente activa (PEA) no agrícola en nuestro país, que ha confirmado el grave problema que representa la informalidad laboral para el desarrollo del Perú. Una de las conclusiones que más llaman la atención del informe señala que, tomando en cuenta el ritmo de la disminución de la informalidad de los últimos diez años (que pasó de 80% a 70% de la PEA gracias al crecimiento económico), si continuamos con la actual legislación laboral, serían necesarios 70 años adicionales para que la economía –por inercia– formalice a todos los trabajadores de nuestro país.
La situación actual es desalentadora. Se calcula que hay más de 11 millones de peruanos que no acceden a todos los beneficios y derechos laborales, y que no tienen asegurada una remuneración mínima (S/.750). Además, existen más de 2 millones de trabajadores de empresas formales que no reciben las condiciones laborales que les corresponderían por ley, pues las empresas logran evadir sus obligaciones con diversos mecanismos (por ejemplo, pagándoles a empleados que deberían estar en planilla como si fueran independientes).
Entre las causas que explican la informalidad, se encuentran los altos sobrecostos salariales (todo lo que el empleador tiene que pagar por cada trabajador que no se va a las manos de este último y que en el Perú llega al 60%), la extrema rigidez para el despido o cargas excesivas como las que implica la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Únicamente en lo que toca a los sobrecostos, resulta que en la región solo Colombia con 53,5% se acerca a nosotros, mientras que Chile y México tienen 31,7% y 36,4% de sobrecostos, respectivamente. Si no queremos tener que esperar 70 años para que la situación de millones de peruanos cambie, es contra estos altos costos que tenemos que luchar.
En tal sentido sorprende que, en la entrevista al ministro de Trabajo, Fredy Otárola, publicada el miércoles en Portafolio, este dijese que tres años después de iniciado el gobierno se sigue “evaluando” el impacto de los sobrecostos y que a la pregunta de si es cierto que su cartera no plantea enfrentarlos, el ministro se fuera por las ramas sin dar una respuesta satisfactoria, pasando más bien a deslindar responsabilidades de lo que pudiera pasar en el Congreso.
En lo que toca a las microempresas, preocupa también que el señor Otárola haya asegurado que estos tienen sobrecostos que “son casi nada” y que asegure que lo que faltaría para formalizarlas es más bien “difundir los beneficios de la formalidad”. Parece olvidar que millones de pequeños empresarios tienen otras varias cargas demasiado pesadas. Solo por dar un ejemplo, según la Sociedad Nacional de Industrias, la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo cuesta alrededor de S/.31.000.
La formalidad también se dificulta para grandes y medianos empresarios por otros costos, como la cuota obligatoria para trabajadores con discapacidad, la obligación de contar con lactarios y otra serie de normativas que regulan el otorgamiento de licencias remuneradas. Además, existen los altos costos para el despido de un trabajador que impiden aun más el proceso de formalización. Según el Ránking Global de Competitividad, nos encontramos en el puesto 130 de 144 países en la esencial categoría “facilidad para contratar y despedir trabajadores”, situación que solo ha empeorado desde el 2010, cuando nos encontrábamos en el puesto 102. Mientras nosotros empeorábamos, México pasó del puesto 120 al 103, Chile del 111 al 66 y Colombia se mantenía entre los puestos 70 y 79. Así, hoy detrás de nosotros solo hay otros tres países latinoamericanos, de los cuales dos son Venezuela y Argentina.
Si queremos enfrentar la informalidad, el ministro debe empezar a tomar acciones concretas y tener claro que nuestra actual ley laboral es un obstáculo y no una protección para los millones de peruanos que no gozan de protección legal. Una reforma laboral debe ser liderada y coordinada por el propio señor Otárola y no deslindar responsabilidades en otras instituciones.
