Quizá uno de los aspectos más dramáticos de la cadena de responsabilidades es que el vehículo que causó el accidente tenía la autorización correspondiente, a pesar de haber tenido ya una fuga de gas en el 2018.
Quizá uno de los aspectos más dramáticos de la cadena de responsabilidades es que el vehículo que causó el accidente tenía la autorización correspondiente, a pesar de haber tenido ya una fuga de gas en el 2018.

A la fecha, el accidente de del pasado 23 de enero ha cobrado ya 22 vidas, según informó el último fin de semana el Ministerio de Salud. Más que un evento absolutamente inesperado y aislado, la deflagración fue el último eslabón de una secuencia de negligencias y trágicos errores estructurales que ilustran, a su vez, el enorme costo que puede tener la normalización de la manera improvisada, indolente, e irresponsable con que se encaran asuntos serios en el Perú.

En esta cadena de culpas y compromisos incumplidos -de la que no se escapan el conductor, la empresa y la Municipalidad de VES- un actor que no tuvo un papel menor es el encargado de la fiscalización del transporte de gas licuado de petróleo (GLP): .

Este diario publicó la semana pasada un informe que detallaba la forma automática -sin revisión alguna- con que se aprueban los permisos para transportar GLP. Desde el 2017, Osinergmin exige únicamente declaraciones juradas y fotos de los , de acuerdo con las actualizaciones del Decreto Supremo 01-94-EM. Estos trámites y envíos de información no son necesariamente continuados con una inspección posterior que garantice la seguridad del vehículo. Si bien se pide la conformidad de una entidad privada de certificación, acreditada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), la unidad que causó el accidente fue adaptada para el transporte de GLP -es decir, no se construyó con ese fin-, y obtuvo la autorización automáticamente. Todo se trató, apenas, de formalidades administrativas.

Desde esta página editorial nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de la reducción de la carga burocrática innecesaria que enfrenta la actividad privada en el Perú. Trámites excesivos y demoras injustificadas aletargan la inversión y el movimiento económico en general. Pero esto no debe entenderse, de modo alguno, como una justificación para que el Estado pueda desentenderse de garantizar a todos sus ciudadanos condiciones adecuadas de seguridad. Esa es, de hecho, su función fundamental.

Quizá uno de los aspectos más dramáticos de la cadena de responsabilidades es que el vehículo que causó el accidente tenía la autorización correspondiente, a pesar de haber tenido ya una fuga de gas en el 2018. Inevitablemente, esto recuerda la habilitación por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del terminal en la urbanización Fiori, donde el año pasado perdieron la vida 17 personas tras el incendio de un bus. Una declaración jurada también fue suficiente en ese caso. Cuando la formalidad consiste apenas en papeles a llenar para cumplir con un listado burocrático, sin necesidad de responder a la esencia del problema o de los bienes que se desean proteger en la vida real, se plantan las semillas de tragedias de este tipo.

Entre muchos errores concatenados, la falta de empatía ha sido una constante. Así, no ha dejado de llamar la atención, en medio de una circunstancia tan difícil, la contratación de servicios de media training por S/34 mil para Osinergmin luego de lo sucedido en VES. El monto equivale al sueldo de 18 inspectores de camiones de gas.

La mejor manera de impedir que algo así vuelva a suceder es empezar a identificar claramente las responsabilidades, de las que tampoco se podría escapar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al ser la entidad a la que está adscrita Osinergmin. Tragedias como esta, o la del antiguo terminal Fiori, recorren profundamente las fallas acumuladas del sistema y exponen con pasmosa claridad la debilidad institucional de aquellos que están encargados de protegernos en nuestro día a día.