Editorial: La formalización incompleta

Se requieren valor y capital político para emprender las reformas más trascendentales que el país requiere. Ahí están pendientes, por ejemplo, las modificaciones estructurales al sistema electoral para fortalecer los partidos y el replanteamiento integral de la seguridad ciudadana. La formalización de la economía es –qué duda cabe– otro de los retos de alto nivel que enfrenta el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su equipo.

Para emprender algunas de estas reformas, tanto el presidente como su primer ministro, Fernando Zavala, han anticipado que solicitarán al Congreso la delegación de facultades legislativas en cuatro materias: reactivación económica, seguridad ciudadana, saneamiento y lucha contra la corrupción. Y el presidente ha anunciado recientemente que dicho pedido no incluirá la propuesta de reducción de un punto porcentual del IGV, una decisión comprensible si se toma en cuenta que más de una bancada –incluida la de Fuerza Popular, con mayoría en el Parlamento– ha mostrado su rechazo a tal medida, y que incorporarla a estas alturas podría poner en riesgo todo el paquete normativo que el gobierno querría impulsar desde el inicio de su gestión.

Fuera de la reducción del IGV y la creación de un régimen tributario especial para pequeñas empresas (10% del Impuesto a la Renta por 10 años), sin embargo, poco se ha dicho desde el gobierno acerca de las otras medidas que apuntarían a hacer menos costosa la formalidad empresarial. Aunque se conoce que dichas iniciativas apuntarían principalmente a flexibilizar el régimen impositivo.

La evidencia empírica internacional que establece un vínculo entre facilidades fiscales y formalización es poco clara y, para el caso peruano, los determinantes de la informalidad parecen trascender largamente la tasa impositiva. La difícil relación con la Sunat, los permisos de operación municipales, las regulaciones ministeriales, entre varios otros obstáculos nacidos de la tramitología local que cualquier emprendedor conoce muy bien, hacen que registrar un negocio en el Perú sea para muchos la opción menos racional, independientemente de cuánto haya que pagar por IGV o Impuesto a la Renta. 

Entre estos obstáculos, quizá no haya uno de mayor dimensión, importancia y complejidad que el aspecto laboral. En la medida en que la regulación laboral siga siendo tan costosa y rígida (despedir a un empleado que no desea irse resulta una tarea condenada al fracaso), es poco lo que se puede esperar en términos de formalización de la economía. El microempresario que evalúa formalizarse lo pensará dos veces antes de exponerse a los sobrecostos, fiscalizaciones, indemnizaciones y demás aspectos del mercado laboral peruano que explican que 7 de cada 10 empleados sean hoy informales. 

Aun si el microempresario decidiera formalizarse, basta con recordar que aproximadamente el 18% de los trabajadores se desempeña como empleado informal en el sector formal (es decir, es contratado irregularmente por una empresa registrada). Solucionar el problema de la informalidad empresarial sin preocuparse de la informalidad laboral es como cambiar el motor de un vehículo que carece de llantas.

Si hablábamos, pues, de grandes reformas que requieren valor y capital político, esta es fundamental. Sin embargo, la amplia coincidencia de especialistas en la materia que abogan por una reforma en el sistema laboral para incluir a la gran mayoría no ha tenido eco en las tiendas de Peruanos por el Kambio. La reforma laboral sigue ausente. 

Desde un punto de vista político, esto no llama la atención. Reducir los impuestos siempre será más popular que reducir los beneficios laborales. Quizá solo llame la atención en la medida en que se esperaría que un gobierno de corte tecnocrático como el que lidera el presidente Kuczynski tenga esta como una de sus prioridades de inclusión. Tiempo le queda, pero el capital político necesario para llevar a cabo una reforma de esta naturaleza ha probado ser de corta duración en el Perú