Editorial El Comercio

En los días que han seguido al golpe de Estado de y a la posterior asunción de como presidenta de la República, distintas personas cercanas o afines al régimen extinto se han esforzado por ensayar explicaciones y elaborar coartadas para lo ocurrido. En todos los casos, el ridículo y la desvergüenza han sido ingredientes centrales en la confección de estas teorías y, si no tuviesen que ver con un asunto tan grave como un intento por destruir nuestro orden constitucional, podrían resultarnos hasta desopilantes.

“Lo que hizo el presidente fue emitir su opinión”, fue lo que dijo, por ejemplo, el parlamentario Pasión Dávila del Bloque Magisterial (BM), a propósito del mensaje a la nación en el que el ex jefe del Estado anunció lo que aquí y en cualquier otra democracia del mundo se entendería como un golpe. Otros, como la legisladora , también del BM, han querido negar lo sucedido alegando desfachatadamente que el expresidente no lo puso por escrito: “Solo fue un decir”, ha dicho. Una tesis que comparte el abogado de Castillo, Víctor Pérez Liendo. En todos los casos, al no poder negar lo que todo el país escuchó en televisión nacional la mañana del miércoles 7, parecen querer pasar lo ocurrido (no se podría entender de otra manera) como un incomprendido ejercicio de retórica. Como si quisieran tomarnos el pelo a todos los peruanos…

En otro nivel de frescura están los que quieren culpar a supuestos enemigos ocultos de Pedro Castillo para justificar lo que él hizo. Guido Bellido, congresista no agrupado y otrora primer ministro del dictadorzuelo apresado, ha llegado a esbozar una teoría de la conspiración en la que, tras ser drogado por algún malhechor desconocido, el hoy detenido exmandatario lo que hizo: “Urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad”, escribió en su cuenta de Twitter. Por su lado, Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, ha esbozado la pasmosa tesis de que y , dos de los más fieles escuderos del tirano más breve de nuestra historia, habrían sido “infiltrados” en el Ejecutivo que indujeron a Castillo a tirarse por el precipicio.

Pero más graves que las posiciones que tratan de explicar con tramas sacadas de algún ‘thriller’ político lo que pasó el miércoles son las que simplemente tratan de negar de plano que el delito se perpetró y que abogan por la libertad de quien hoy está justificadamente en manos de la justicia. , secretario general de Perú Libre, ha asegurado, por ejemplo, que su agrupación considera que “la extrema derecha ha consumado un golpe en el país” y han denunciado una “detención arbitraria e ilegal” de Pedro Castillo por las autoridades. Otros señalan que la sucesión presidencial, que ha colocado a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, no fue legítima porque a esta “nadie la eligió” (obviando convenientemente el hecho ampliamente conocido de que, cuando uno acude a votar por un candidato a la presidencia, lo hace a su vez por una plancha).

Lamentablemente, frente a este tipo de interpretaciones antojadizas, mentirosas y francamente insultantes a la inteligencia de los ciudadanos, es clave volver a poner los puntos sobre las íes: Pedro Castillo, cuando aún era presidente de la República, anunció la disolución del Parlamento sin que se hayan dado las condiciones que la Carta Magna contempla para gatillarla. También ordenó la reorganización del sistema de justicia, el mismo que lo tiene en la mira por los casos de corrupción que protagoniza. Se trató de un golpe burdo, transmitido en señal abierta e imposible de negar.

En los próximos días, seguramente escucharemos estas y otras tesis más disparatadas que tratarán de justificar lo injustificable. Les corresponderá, en consecuencia, a todos aquellos comprometidos con la democracia poner sobre relieve la falsedad de las proclamas de quienes hoy aparecen como disciplinados cultores de aquella frase del “fue ayer y no me acuerdo”.

Editorial de El Comercio