Editorial: ¿Gallardía?

“Enapu no va a desaparecer”, sentenció hace unos días un gallardo ministro de Transportes y Comunicaciones en el XIII Foro Internacional de Puertos que organizó la Cámara de Comercio de Lima. En este evento, el ministro también afirmó su clara intención de repotenciar la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Y decimos que estas declaraciones se han hecho con gallardía, pues –hay que ser valiente–, por poner un adjetivo, para querer seguir apostando por una empresa estatal deficitaria e ineficiente. 

Las declaraciones del ministro, como era de esperarse, han sido aplaudidas por los trabajadores de esta compañía del Estado, pues solo ellos se verán beneficiados de que esta empresa sea repotenciada a cuestas del dinero que todos los peruanos tenemos que pagar de nuestros bolsillos. Y es que existe suficiente evidencia técnica e histórica que este tipo de iniciativas no nos conviene a la mayoría de ciudadanos. Analicemos por qué.

Primero, Enapu es una empresa estatal que no ha venido funcionando de manera óptima en los últimos años en comparación con la administración de los privados. Por ejemplo, las pérdidas de Enapu en el  2011 fueron de S/.41,8 millones y en el 2012 fueron de S/.31,6 millones, déficit que tenemos que asumir todos los peruanos. Además, 9 de los 11 puertos que administra esta empresa son deficitarios.

Por otro lado, esta ineficiencia se ve claramente contrastada con la eficacia de los privados. Después de la concesión del Muelle Sur en el Callao, inversión de más de US$400 millones, se disminuyó el tiempo de atención de los barcos en el puerto de 4 días a 0,5 días. Por citar otro ejemplo, luego de que se concesionó el puerto de Matarani –inversión de aproximadamente US$40 millones–, el flujo anual en el puerto aumentó de un millón de toneladas a casi cuatro millones de toneladas. 

En ese sentido, el objetivo del Estado debería ser seguir concesionando, pues los privados están en mejor capacidad de administrar adecuadamente los puertos del país y, de hecho, en cuanto respecta a nuestra infraestructura portuaria tenemos mucho que avanzar. En efecto, según en el Reporte de Competitividad Global del 2014-2015, estamos lejos de ser un país altamente competitivo en esta materia, lo cual debemos mejorar urgentemente si queremos ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y si queremos que nuestros productos estén en igual o mejor condición de competir con los productos de otros países del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, administrar puertos que estén bajo el manto de Enapu viola el mandato constitucional sobre el rol subsidiario del Estado. Según el artículo 60 de la Constitución, “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. En tal sentido, no es lógico ni legal que si la función portuaria puede ser cubierta por privados de manera eficiente se siga apostando por una empresa estatal de puertos. Más aun si la ineficiencia de esta empresa es justamente contraria al concepto de “alto interés público” y de “conveniencia nacional”. 

Los fracasos de empresas públicas son una historia recurrente en el Perú y en otras partes del mundo. Como ya hemos indicado, los más beneficiados de ellas son los trabajadores de la empresa y, por otro lado, los perjudicados somos la gran mayoría de peruanos que tenemos que pagar de nuestro dinero –que podríamos gastar en otras cosas– para mantener vivos a semejantes armatostes que no hacen bien su trabajo. Por ello, es imperativo que el gobierno se concentre en impulsar el modelo de concesión que ya ha probado ser exitoso en nuestro país y en otros lugares del planeta y no seguir experimentando con nuestros propios recursos, que tanta falta nos hacen, en modelos estatistas y populistas que la experiencia ha demostrado que no han traído ningún tipo de beneficios para el Perú.