(Dante Piaggio)
(Dante Piaggio)
Editorial El Comercio

El incendio que comenzó al mediodía del jueves pasado en la galería Nicolini, en , y que terminó en una terrible tragedia, permitió una vez más remarcar varias de las prácticas perniciosas que lamentablemente hoy siguen siendo características de nuestra ciudad, como el alto nivel de informalidad, las condiciones laborales paupérrimas de muchos trabajadores y la vulnerabilidad de varias de nuestras edificaciones. Ante un siniestro de tales características –cuyas consecuencias más graves pudieron evitarse si se cumplía con una orden de clausura emitida semanas antes– es inevitable que la ciudadanía se interrogue por la cuota de responsabilidad que tienen sus autoridades en el asunto.

En esa línea, es por lo mismo comprensible que los vecinos de la capital esperen, cuando menos, una respuesta clara e inmediata por parte del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), . Después de todo, dicha comuna es la que tiene jurisdicción directa sobre el Cercado de Lima, distrito donde ocurrió el incendio.

Y si bien el martes, durante su presentación ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, Castañeda y su equipo –sobre todo a través del gerente de Fiscalización y Control de la MML, Cristian Rosenthal– respondieron de manera más puntual y apropiada a varias de las preguntas que les formularon los legisladores, no deja de llamar la atención la forma en que el burgomaestre reaccionó inicialmente ante los interrogatorios de la prensa. En efecto, sus primeras declaraciones parecieron más bien encaminadas a desviar las dudas de la opinión pública hacia otro lado. Un ejercicio que, además, parece haberse convertido en costumbre.

Así, el último viernes, mientras los bomberos continuaban tratando de controlar el fuego, Castañeda acudió al lugar de la tragedia y, desde allí, aseveró que los contenedores que habían sido ilegalmente colocados en la azotea del recinto comercial (dentro de los cuales fallecieron dos jóvenes) eran un legado de una administración anterior a la suya. “Mire una cosa, yo tengo entendido que esos contenedores son anteriores. No son colocados durante nuestra gestión”, explicó. Y ante la réplica de un reportero que le advirtió que las estructuras fueron colocadas recién a fines del 2015 –como lo demuestran fotografías de la zona–, el alcalde se limitó a decir: “De todas maneras, lo que demuestra eso es que es una actitud irresponsable”.

Similar contorneo ejecutó el alcalde a inicios de este mes, cuando se le interrogó acerca de los centenares de grietas que evidenciaba el inaugurado hace poco más de un año. En aquella oportunidad, la respuesta de Castañeda fue que las fisuras fueron provocadas por tuberías dañadas de , sin ofrecer mayor evidencia de ello. Y luego, cuando se le cuestionó sobre por qué hasta ahora no se ha construido la pasarela que se supone ocuparía la parte superior del ‘by-pass’, aseveró: “No se puede construir, ya nos dijeron que no”, refiriéndose a la respuesta negativa del Ministerio de Cultura, como si ese no fuese un tema que su gestión debió haber previsto antes de diseñar la obra.

La misma actitud mostró el 16 de marzo último, cuando un grupo de periodistas lo interrogó por la caída del puente Solidaridad (también conocido como puente Talavera) debido a la crecida del río Rímac por acción de El Niño costero. En aquella oportunidad, Castañeda aseguró que la obra se había derruido debido a que “la ingeniería tiene un límite que es superado siempre por la naturaleza”, buscando otra vez zafarse de cualquier responsabilidad antes siquiera de que su equipo haya podido estudiar el caso para determinar qué ocurrió realmente.

Episodios como estos dan cuenta de una autoridad cuya reacción instintiva ante cualquier crítica pareciera ser el deslinde automático de toda mea culpa. Habría que recordarle al alcalde, sin embargo, que esa actitud solo genera grietas en la confianza que le tienen los limeños. Y, a diferencia de las de su by-pass, va a ser muy complicado que responsabilice por ellas a Sedapal.