"¿Puede interesarse un inversionista en dirigir su dinero a un país donde, de la noche a la mañana, el Estado puede decidir suspender o inmiscuirse en contratos entre privados? ". (Foto: El Comercio)
"¿Puede interesarse un inversionista en dirigir su dinero a un país donde, de la noche a la mañana, el Estado puede decidir suspender o inmiscuirse en contratos entre privados? ". (Foto: El Comercio)

En tiempos de crisis, en los que cunde la incertidumbre, y con un proceso electoral a meses de distancia, generar confianza tiene que ser uno de los puntos más importantes en la agenda de nuestras autoridades. En ese sentido, la tarea más sensible involucra respetar y preservar las reglas de juego, tanto en el campo político como en el económico, para que los ciudadanos puedan ver el futuro con un mínimo de claridad.

Sin embargo, en los últimos meses, nuestros líderes se han dedicado a todo lo contrario. Lejos de distinguir en la emergencia sanitaria una oportunidad para dar muestras de temple y prudencia, el Congreso y el Ejecutivo se han envuelto en enfrentamientos mezquinos, blandiendo la Constitución como arma blanca, y se han dedicado, cada uno a su manera, a hacer aún más accidentado el camino hacia la recuperación con propuestas nítidamente populistas.

El espectáculo del en el Parlamento es una muestra palmaria de esta situación. En pocas horas y sin una discusión técnica sesuda que las respaldase, el Legislativo hizo varias modificaciones a la Carta Magna para remover la inmunidad de la que gozan nuestras autoridades más importantes, incluido el presidente. La jugada respondió al mensaje que dio el jefe del Estado sobre la materia horas antes, acusando a su contrapeso de haber desatendido la reforma y anunciando un referéndum al respecto. Más allá del afán de protagonismo que motivó a ambas partes, el principal afectado fue nuestro marco jurídico, al demostrarse que puede ser zarandeado al antojo de nuestros políticos y deformado para ser un instrumento de represalia.

Hechos como este dibujan un orden institucional precario que puede ser guiado por el capricho y, por ende, definido por la incertidumbre. ¿Existe, acaso, alguna garantía de que no se vaya a ensayar alguna otra pirueta legislativa que afecte la elección del próximo año? ¿La demagogia de estos últimos meses es una muestra de la oferta electoral que se nos avecina?

Por otro lado, en al campo económico, los dos poderes del Estado que nos ocupan parecen estarse esmerando por dinamitar la confianza de los inversionistas y, con ella, cualquier esperanza real de regresar al país a la senda del crecimiento y de la reducción de la pobreza. En la retina de los empresarios todavía están los recientes coqueteos del Gobierno con el estatismo, como, por ejemplo, la insólita amenaza del presidente con las clínicas, la burocratización de la reactivación y la propuesta de medidas como mayores impuestos a los que más ganan y controles de precios. Propuestas populares pero letales para el futuro del país.

En el terreno populista, empero, el Congreso parece empecinado en llevar la delantera y sus miembros vienen aprobando y discutiendo leyes que ignoran los principios económicos más elementales y que dejan de lado las advertencias de los expertos. Así se han aprobado despropósitos como la liberación de un cuarto de los fondos de las AFP, la suspensión de los peajes contraviniendo la Constitución y la designación unilateral del equivalente al 6% del PBI para la educación. Además, se está buscando intervenir en el sistema financiero –congelando y reprogramando deudas– y “devolver” los fondos de la ONP, cuando se sabe que los aportes que se hacen a este sistema de pensiones van directamente a los pensionistas.

¿Puede interesarse un inversionista en dirigir su dinero a un país donde, de la noche a la mañana, el Estado puede decidir suspender o inmiscuirse en contratos entre privados? ¿Puede un empresario confiar en la estabilidad y predictibilidad de un país donde la Constitución parece ser apenas una lista de sugerencias?

En los últimos 20 años, el Perú ha registrado un crecimiento económico sin precedentes que, aunque el Estado no ha sabido siempre traducirlo en mejores servicios para los ciudadanos, ha elevado los estándares de bienestar del país. También hemos logrado sostener décadas de transiciones de poder democráticas. Es hora de preservar estos valores y apuntalar la confianza en el país, no marchitarla.