Las tres principales clasificadoras de riesgo en el mundo –Moody's, S&P y Fitch– han dibujado un panorama nada auspicioso para nuestra economía. (Foto: Archivo).
Las tres principales clasificadoras de riesgo en el mundo –Moody's, S&P y Fitch– han dibujado un panorama nada auspicioso para nuestra economía. (Foto: Archivo).
Editorial El Comercio

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Hace poco más de un mes, cuando se conoció que Moody’s, una de las tres grandes agencias clasificadoras del mundo, había de largo plazo de nuestro país de A3 a Baa1, explicamos que esto era, además de una evidente mala noticia, un presagio de tiempos difíciles. “Es la primera vez en dos décadas –advertimos – que la deuda peruana sufre un deterioro y no sería extraño que las otras dos agencias clasificadoras globales –S&P y Fitch– siguieran próximamente [sus] pasos”.

Pues bien, esta semana finalmente llegaron noticias desde Standard & Poor’s (S&P) y Fitch, y ninguna adecenta el cuadro bosquejado por Moody’s. S&P, por ejemplo, del Perú en cuanto a la deuda de largo plazo de estable a negativa, lo que suele ser el preámbulo de una rebaja de la calificación que podría concretarse en los próximos años. Fitch, por su parte, en moneda extranjera peruana de BBB+ a BBB, aunque cambió la perspectiva sobre esta clasificación de negativa a estable.

Más allá de las razones económicas de estas evaluaciones, hay un aspecto que las tres agencias mencionan que salta a la vista en una primera lectura y que no podemos soslayar; este es, el papel que un entorno político polarizado y fragmentado como el nuestro juega en todo esto.

En orden de llegada, Moody’s ya había mencionado en su revisión que “un entorno político continuamente polarizado y fracturado ha aumentado el riesgo político” y “ha debilitado considerablemente la capacidad de formulación de políticas”. S&P, a su turno, explicó que, si bien el gobierno del presidente ha mostrado cierta predisposición a continuar con la política macroeconómica de los últimos tiempos –por ejemplo, con al frente del BCR y arriando muchas de las banderas más radicales del plan de gobierno de Perú Libre–, “un entorno político fragmentado y un legado social difícil debido a la pandemia podrían dañar las perspectivas de crecimiento de mediano plazo del Perú y empeorar sus métricas de deuda”. Finalmente, Fitch ha explicado publicado en su página web que “la inversión a mediano plazo y las perspectivas económicas del Perú se han debilitado como resultado de la volatilidad política en los últimos años”.

Para ser justos, la responsabilidad por la conflictividad política en nuestro país trasciende tanto al Ejecutivo del presidente Castillo como a los actuales parlamentarios (aunque varios de estos últimos pertenecen a los mismos grupos políticos que esparcieron el fuego hace muy pocos años). Como recuerda Fitch, desde el 2019 hemos visto a un Congreso ser disuelto y a tres personas distintas alternarse la presidencia en una semana.

¿Hay motivos para mostrarnos optimistas de que esa conflictividad política se reducirá en este quinquenio? En honor a la verdad, muy pocos. Hace apenas unos días hemos pasado de refilón por el acantilado de un nuevo choque entre poderes luego de que el entonces jefe del Gabinete Guido Bellido empuñara como una posibilidad para blindar a un ministro insalvable. Y ahora, además, los pleitos no se encuentran solo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también en el seno de la propia administración. Como mostramos en un informe publicado en nuestra edición de hoy, este es el gobierno elegido en las urnas que más inestabilidad ha sufrido en sus primeros 100 días de gestión en lo que va del siglo, con un Gabinete ya caído y con una bancada parlamentaria a punto de implosionar por pugnas internas.

Si bien, como decíamos antes, nuestras autoridades actuales no son responsables del enrarecido ambiente político que heredaron, es a ellas a las que les ha caído esta llamada de atención desde el exterior y, con esta, la responsabilidad de comenzar a dar las señales correctas. Después de todo, como han advertido varios especialistas, una vez que la evaluación de un país empieza a caer a ojos de los inversionistas extranjeros es más fácil que siga descendiendo a que repunte.